La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa dio inicio a una investigación sobre la destitución de los miembros de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica, en un proceso que, según los exdirectores afectados, se realizó al margen de los procedimientos legales establecidos y con presiones indebidas desde el Poder Ejecutivo.
Los exmiembros destituidos —Marvin Arias Aguilar, Marcela Alpizar Chacón, Rut Alfaro Jara, Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Bernal Alvarado Delgado y Monserrat Buján Bosa— comparecieron ante la comisión para exponer los detalles del caso, afirmando que fueron separados por no ceder ante influencias externas en el nombramiento de la gerencia general del banco.
Señalamientos de ilegalidad y presión política
Durante la audiencia, los exdirectivos denunciaron que el proceso de destitución no cumplió con los requisitos legales, entre ellos:
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Ausencia de informe previo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
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El procedimiento no fue llevado a cabo por el órgano investigador ni por la Secretaría del Consejo de Gobierno, tal como exige la normativa administrativa.
El expresidente de la junta directiva, Marvin Arias Aguilar, declaró que la destitución fue una represalia por haber actuado de forma independiente frente a presiones de Casa Presidencial en relación con el nombramiento del nuevo gerente general.
“Se nos destituyó como represalia por no aceptar injerencias indebidas de Casa Presidencial en el nombramiento de la gerencia”, afirmó Arias Aguilar.
“Defenderemos nuestros derechos y la autonomía de la banca estatal”.
Interrogatorios en la comisión
Durante la sesión, el diputado Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional cuestionó directamente sobre si existió presión del presidente de la República en el proceso de selección de la gerencia. La respuesta fue afirmativa:
“Sí, señor. Y de hecho, nos pidió que lo mantuviéramos informado”, respondió uno de los exdirectivos.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, consultó sobre el cambio de perfil para el cargo de gerente general, señalando que el nuevo perfil era más exigente que el anterior, lo cual podría haber influido en las diferencias sobre el nombramiento.
Ampliación de la investigación
La comisión legislativa acordó:
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Convocar al vicepresidente de la República, Stefan Brunner, y a Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno, para que aclaren el proceso seguido para la destitución.
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Abrir una investigación formal contra la Dirección General de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención, ambas adscritas al Ministerio de la Presidencia, ante presuntas acciones de seguimiento a diputados utilizando recursos, personal y equipo estatal.
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Convocar en audiencia a Jorge Torres Carrillo, director de la DIS, para que rinda cuentas sobre estos señalamientos.
La investigación legislativa se encuentra en etapa preliminar, pero los hechos planteados ya generan tensiones institucionales que podrían escalar hacia instancias judiciales y constitucionales, especialmente en lo relacionado con la autonomía del sistema bancario estatal y el uso de recursos públicos para posibles fines políticos.
