El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado en declaraciones recientes y durante su campaña que, de regresar a la Casa Blanca, retomará algunas de sus políticas económicas clave. Tres decisiones específicas que actualmente propone han generado atención por el posible impacto que tendrían no solo en la economía estadounidense, sino también en el mercado global.
Durante su mandato entre 2017 y 2021, Trump implementó recortes fiscales, un enfoque proteccionista del comercio y una desregulación progresiva de sectores clave. Estas tres políticas vuelven a posicionarse como pilares de su agenda económica, de concretarse una eventual reelección. Analistas económicos y figuras políticas debaten tanto sus fortalezas como las advertencias inherentes a estas decisiones.
La primera decisión relevante es su intención de ampliar y hacer permanentes los recortes fiscales establecidos en 2017 bajo la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos. Originalmente diseñada para caducar parcialmente en 2025, esta ley redujo los impuestos corporativos del 35% al 21% y ofreció alivios fiscales significativos a ciertos contribuyentes individuales. Trump sostiene que extender estos recortes estimularía la inversión y el crecimiento económico. No obstante, críticos advierten que prolongar esta medida reduciría la recaudación fiscal, aumentando así el déficit presupuestario, que ya supera los US$1,5 billones anuales.
La segunda decisión clave sería introducir tarifas arancelarias generalizadas a productos importados. Trump ha sugerido imponer un arancel del 10% sobre todas las importaciones y hasta del 60% en el caso de productos chinos. Esta política busca incentivar la producción interna y corregir lo que él considera prácticas comerciales desleales. Aunque una estrategia arancelaria podría fortalecer ciertas industrias nacionales y reducir la dependencia de China, analistas advierten que podría encarecer productos básicos para los consumidores estadounidenses y desencadenar represalias comerciales.
Por último, Trump ha dado señales de que reactivará la desregulación de sectores clave como el energético y el financiero. Bajo su primera administración, se derogaron múltiples regulaciones medioambientales y se limitaron las competencias de organismos como la Agencia de Protección Ambiental. El objetivo declarado era aliviar la carga burocrática sobre las empresas para generar más empleos e inversión. Sus detractores señalan, sin embargo, que una desregulación sin controles puede poner en riesgo la sostenibilidad ambiental y aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero a futuras crisis.
El posible retorno de estas tres iniciativas ha dividido la opinión de los economistas. Jaime Peters, analista senior del Instituto de Finanzas Globales, afirma que “estas medidas podrían dar un impulso a corto plazo, pero tienen costos estructurales a largo plazo si no vienen acompañadas de ajustes fiscales y medidas de mitigación social”. Por su parte, sectores empresariales ven en estas propuestas una oportunidad para reactivar cadenas de valor domesticadas y reducir influencia extranjera en sectores estratégicos.
En el plano internacional, gobiernos y mercados siguen de cerca esta agenda, ante el riesgo de tensiones comerciales elevadas y volatilidad económica. China y la Unión Europea ya han advertido que podrían responder con medidas equiparables si se imponen nuevos aranceles a sus exportaciones.
A medida que avanza el proceso electoral estadounidense, estas propuestas se perfilan como ejes centrales del debate económico. Su adopción o rechazo influirá profundamente en el rumbo de la política fiscal y comercial de la mayor economía del mundo y podría redefinir los equilibrios económicos globales durante los próximos años.
