Una reciente iniciativa legislativa en el Congreso de Estados Unidos ha generado preocupación tanto en círculos académicos como diplomáticos, al plantear una serie de restricciones significativas a la entrega de visas estudiantiles a ciudadanos chinos. La propuesta ha desatado un debate sobre seguridad nacional, competencia tecnológica y derechos educativos en un entorno cada vez más tenso entre Washington y Pekín.
El proyecto, impulsado por legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, busca limitar o bloquear el acceso a ciertos tipos de visas, principalmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), para los estudiantes provenientes de la República Popular China. Según los proponentes de la ley, el objetivo es prevenir la transferencia indebida de tecnología crítica a un país que Washington considera un competidor estratégico.
Los legisladores argumentan que existe evidencia creciente de intentos de espionaje académico y tecnológico, y que algunas instituciones chinas mantienen vínculos estrechos con el Ejército Popular de Liberación u otras entidades gubernamentales que podrían beneficiarse del acceso a investigaciones sensibles realizadas en universidades estadounidenses. Uno de los autores de la propuesta, el congresista Mike Gallagher, presidente del Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, señaló que se debe “proteger la integridad de la investigación estadounidense frente a la explotación extranjera”.
Actualmente, decenas de miles de estudiantes chinos cursan programas de posgrado y doctorado en diversas universidades estadounidenses. Datos del Instituto de Educación Internacional indican que, en el año académico 2022–2023, China fue el país de origen con la mayor cantidad de estudiantes internacionales en EE. UU., representando alrededor del 27% del total.
La propuesta ha sido recibida con críticas por parte de grupos académicos, organizaciones defensoras de los derechos civiles y parte del sector empresarial, que advierten sobre las consecuencias negativas de una política restrictiva basada en la nacionalidad. La Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU) expresó en un comunicado su preocupación de que esta medida podría erosionar la colaboración científica internacional y debilitar la posición global de Estados Unidos como líder en innovación.
También han surgido advertencias sobre el impacto en el flujo económico generado por los estudiantes internacionales. Según datos del Departamento de Comercio de EE. UU., los estudiantes extranjeros aportaron más de $33 mil millones a la economía estadounidense en 2021 a través de matrícula, alojamiento y consumo general, siendo China el principal contribuyente individual a esa cifra.
Desde Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la medida propuesta, calificándola de “discriminatoria” y parte de una “mentalidad de Guerra Fría”. Voceros oficiales señalaron que esta legislación refleja un intento de politización del ámbito educativo, lo cual solo deteriorará más las relaciones bilaterales.
Aún se desconoce si la legislación cuenta con suficiente respaldo para avanzar en ambas cámaras del Congreso, y la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, esta nueva propuesta se enmarca dentro de una serie de políticas adoptadas en los últimos años que aumentan el escrutinio sobre la presencia china en sectores estratégicos de Estados Unidos.
Expertos en relaciones internacionales advierten que, de aprobarse, esta ley podría desencadenar represalias por parte del gobierno chino, como el endurecimiento de restricciones para ciudadanos y empresas estadounidenses en China, elevando aún más la tensión entre las dos principales economías del mundo.
