Estados Unidos incrementó este martes los aranceles a las importaciones provenientes de Canadá, estableciendo una nueva tasa del 35%, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países debido a la preocupación estadounidense por el flujo de fentanilo. La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), marca un giro significativo en la histórica relación comercial entre los socios norteamericanos y busca presionar a Ottawa para reforzar su fiscalización sobre el tráfico de sustancias ilegales.
La decisión se fundamenta en lo que altos funcionarios estadounidenses describen como una “falla sistémica” por parte de las autoridades canadienses para frenar la exportación de precursores químicos empleados en la producción ilegal del potente opioide sintético. A pesar de que la mayor parte del fentanilo incautado en Estados Unidos proviene directamente de México o se fabrica dentro de su territorio, Washington ha identificado a Canadá como un eslabón clave en las rutas de suministro, especialmente a través del envío de ingredientes químicos esenciales.
«Estamos actuando firmemente para proteger a nuestras comunidades de un flagelo devastador», afirmó la representante comercial Katherine Tai. «Los países aliados deben demostrar un esfuerzo conjunto para detener esta epidemia letal». Según cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 murieron más de 75,000 estadounidenses por sobredosis asociadas a opioides sintéticos como el fentanilo.
El gobierno canadiense reaccionó con preocupación ante la imposición del nuevo arancel, calificándolo como una medida «unilateral y punitiva». En un comunicado conjunto, el ministerio de Comercio Internacional y la Cancillería de Canadá calificaron la decisión como “infundada y alejada de la cooperación bilateral necesaria para abordar una crisis de salud pública tan compleja”.
Las autoridades canadienses sostienen que han incrementado su colaboración con agencias estadounidenses, incluyendo la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) y la Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá (CBSA). En marzo pasado, ambos países firmaron un memorando de entendimiento para reforzar el intercambio de información y mejorar las incautaciones de sustancias ilegales en las fronteras terrestres y aéreas.
Comerciantes e industriales de ambos lados de la frontera han manifestado preocupación por las consecuencias económicas de la medida. La Cámara de Comercio de Canadá advirtió que el arancel podría afectar gravemente sectores como el automotriz, la manufactura pesada y las exportaciones agrícolas. “En un momento en que deberíamos fortalecer las cadenas de suministro regionales, este tipo de acciones solo generan incertidumbre”, señaló Perrin Beatty, presidente de la entidad.
Mientras tanto, analistas destacan que esta acción podría tener implicaciones más amplias en el marco del acuerdo comercial T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés), que reúne a Estados Unidos, Canadá y México. Cualquier modificación unilateral de aranceles superior al rango acordado en dicho tratado podría dar lugar a disputas legales en tribunales internacionales.
En términos políticos, la imposición del arancel también se interpreta como una respuesta a la creciente presión interna sobre la administración Biden, enfrentada a un año electoral y bajo crítica constante por parte de legisladores que exigen acciones más contundentes contra el tráfico de fentanilo.
Queda por verse si esta nueva línea de presión logrará fomentar una mayor colaboración bilateral o si, por el contrario, agravará las divergencias entre dos de los aliados comerciales más estrechos del mundo.
