Seúl, Corea del Sur – El expresidente surcoreano Yoon Suk-myung, destituido por el Tribunal Constitucional en abril tras declarar brevemente la ley marcial, se negó esta semana a colaborar con las investigaciones del fiscal especial que lo acusa de tráfico de influencias. Según fuentes oficiales, Yoon se acostó en el piso de su celda y rechazó vestirse con el uniforme presidiario, en lo que ha sido interpretado como un acto de protesta y desafío a la autoridad judicial.
El equipo del fiscal especial a cargo del caso señaló que el exmandatario debía comparecer para ser interrogado por presuntas gestiones indebidas hechas mientras permanecía en el cargo. Estas nuevas acusaciones se suman a las que ya enfrenta actualmente por insurrección, tras su intento de mantener el poder por medio de medios inconstitucionales a inicios de año.
«Durante la cita programada con el equipo de investigación, el señor Yoon se negó a salir de su celda. Estaba acostado en el piso, desprovisto de su uniforme carcelario, y no respondió a las solicitudes de cooperación», indicó el informe emitido por el fiscal especial este miércoles por la tarde.
Yoon fue destituido en abril por el máximo tribunal del país tras brevemente implementar una medida de ley marcial en respuesta a protestas masivas y creciente presión política. Su gestión, que comenzó con promesas de transparencia y lucha contra la corrupción, concluyó abruptamente tras apenas 14 meses en el poder.
La reacción del exjefe de Estado en prisión ha generado opiniones divididas en la sociedad surcoreana. Mientras algunos lo ven como un intento desesperado por victimizarse y desacreditar el proceso judicial, otros, incluidos sus simpatizantes, lo consideran una estrategia para denunciar lo que llaman una «persecución política».
En el ámbito internacional, analistas destacan que este nuevo capítulo podría complicar aún más las relaciones entre las instituciones judiciales y la opinión pública en Corea del Sur. Para países como Costa Rica, con una democracia consolidada y un sistema judicial independiente, estos hechos generan atención sobre los retos que enfrentan las democracias asiáticas en proceso de fortalecimiento institucional.
De momento, no se ha informado si el expresidente será sancionado por desacato o si se tomarán medidas adicionales para facilitar su participación en el proceso legal. El juicio por insurrección —que ya se encuentra en curso— podría prolongarse durante varios meses más, mientras los fiscales reúnen pruebas adicionales sobre el rol de Yoon en presuntos abusos de poder antes y durante su destitución.
