La Corte Suprema de los Estados Unidos podría abordar próximamente un caso legal que pone a prueba los límites del poder presidencial en materia comercial, al considerar si las medidas arancelarias impuestas por el expresidente Donald Trump excedieron las atribuciones constitucionales del Ejecutivo. Esta controversia no solo representa una disputa sobre tarifas, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la separación de poderes en el gobierno de Estados Unidos.
Durante su mandato, Trump impuso aranceles a una variedad de productos importados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una legislación que permite al presidente restringir importaciones que amenacen la seguridad nacional. Utilizando esta autoridad, su administración estableció aranceles sobre el acero y aluminio procedentes de diversos países, incluyendo aliados tradicionales como Canadá y la Unión Europea. Posteriormente, estos aranceles se expandieron para incluir otros productos bajo justificaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Empresas, asociaciones comerciales y gobiernos extranjeros impugnaron estas medidas, argumentando que el Ejecutivo había interpretado de forma excesivamente amplia la autoridad otorgada por el Congreso y había actuado sin la debida supervisión legislativa. Uno de los puntos centrales del caso es si el Congreso ha delegado indebidamente su poder constitucional sobre el comercio al Ejecutivo, y en qué medida esa delegación está sujeta a revisión judicial.
El caso llega ahora a un punto decisivo con una petición para que la Corte Suprema revise las decisiones de tribunales inferiores, los cuales en su mayoría respaldaron el accionar de la administración Trump. Sin embargo, algunos jueces expresaron preocupaciones sobre la amplitud de la autoridad presidencial en este ámbito, subrayando que existe poca supervisión sobre cómo el presidente determina lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional.
De aceptar el caso, la Corte tendrá que pronunciarse sobre el equilibrio entre la prerrogativa del Ejecutivo en materia de seguridad nacional y el papel constitucional del Congreso en la regulación del comercio exterior. Expertos legales señalan que esta disputa trasciende el tema puntual de los aranceles, ya que podría sentar un precedente vinculante sobre cuánta discrecionalidad puede ejercer un presidente sin una autorización explícita del Congreso.
Esta revisión tiene implicaciones potenciales para futuras administraciones, sean demócratas o republicanas, y determinará si el próximo presidente podrá adoptar medidas similares sin necesidad de consultar al Legislativo. El impacto económico también es considerable, ya que empresas importadoras argumentan que estos aranceles aumentaron sus costos y afectaron la competitividad de productos estadounidenses en el mercado global.
La decisión de la Corte Suprema, en caso de aceptar el caso, se espera para el próximo año judicial. Mientras tanto, el debate alimenta una creciente conversación en Washington sobre la necesidad de reformas que limiten el poder del Ejecutivo en temas comerciales y restauren la autoridad del Congreso sobre las decisiones de política económica internacional.
