La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha puesto en marcha un procedimiento acelerado para discutir y aprobar un proyecto de ley que busca autorizar allanamientos domiciliarios durante los procesos de extradición. La iniciativa, promovida por diversos diputados de distintas fracciones, pretende cerrar vacíos legales que actualmente impiden a las autoridades realizar registros en inmuebles vinculados a personas sujetas a estos procedimientos.
El proyecto de ley fue presentado como una reforma al Código Procesal Penal y cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República. Estos sectores afirman que la medida es clave para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos transnacionales.
En la actualidad, los jueces costarricenses enfrentan limitaciones procesales que impiden autorizar allanamientos únicamente con base en una solicitud de extradición. Esto significa que, en muchos casos, no es posible recolectar pruebas en el país de forma oportuna antes de que el acusado sea entregado a otra nación solicitante. La reforma busca subsanar esta situación, permitiendo que las autoridades actúen de manera más eficaz y en cumplimiento con normas internacionales.
“Esta no es una herramienta para abusar del poder judicial, sino una respuesta a una necesidad real de nuestras instituciones para combatir delitos graves como el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas”, explicó la diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Añadió que Costa Rica ha sido señalada en foros internacionales por no contar con los mecanismos adecuados para asegurar evidencias durante procesos de extradición.
El plenario legislativo aprobó tramitar el proyecto por la vía rápida, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos para su discusión en comisión y su posterior votación en el plenario. Esto refleja el consenso político en torno a la urgencia de dotar al sistema jurídico de mejores herramientas en la lucha contra el crimen organizado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que el proyecto incluya salvaguardas claras para evitar abusos y garantizar el respeto de las garantías individuales durante los allanamientos. Aunque respaldan la necesidad de cerrar los vacíos legales existentes, enfatizan en la importancia de mantener un equilibrio entre el orden público y los derechos fundamentales.
Se espera que el proyecto sea sometido a votación en primera lectura en las próximas semanas. Si se aprueba, representará un cambio significativo en el marco legal costarricense relacionado con la cooperación judicial internacional y ofrecerá a las autoridades una herramienta que hasta ahora no estaba disponible en estos casos.
