El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la participación del jerarca Gerald Campos en la audiencia convocada por la Comisión de Hacendarios para referirse a la segunda modificación presupuestaria del 2025, pero advirtió que parte de la información sobre la nueva cárcel de alta contención será clasificada como confidencial, lo que provocó cuestionamientos en el Congreso.
En una nota enviada a la Asamblea Legislativa, la ministra a.i. de Justicia, Carolina Castro, explicó que el proyecto “Construcción del Centro de Alta Contención” fue inscrito ante MIDEPLAN como perfil en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y recibió la categoría de confidencialidad. Según el oficio, esta clasificación se fundamenta en criterios técnicos y jurídicos para proteger infraestructura crítica del Estado, sistemas de seguridad y procesos de contratación, en apego a normas de proporcionalidad y reserva.
El Ministerio propuso que, de ser necesario, se convoque a una sesión privada, no pública ni grabada, para exponer detalles sensibles ante los legisladores.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, cuestionó con firmeza la decisión ministerial, señalando que nunca en la historia del país un proyecto de construcción de un centro penitenciario se había declarado confidencial. Ramírez aceptó que ciertos planos o especificaciones técnicas puedan ser reservados, pero no así aspectos como el presupuesto, costos o ubicación.
La legisladora advirtió que este manejo restringe el acceso a información clave para justificar la asignación presupuestaria y evaluar la licitación. Criticó que la solicitud implique recortar recursos al Ministerio de Seguridad Pública, lo que —a su criterio— debilita la lucha contra el crimen organizado.
El choque de posturas plantea un dilema entre la seguridad institucional y la transparencia presupuestaria. La reserva de datos puede proteger detalles operativos sensibles, pero también limita el escrutinio público y legislativo sobre el uso de fondos estatales. Este escenario podría derivar en una discusión más amplia sobre los límites de la confidencialidad en proyectos de infraestructura penitenciaria y sobre los mecanismos de control legislativo cuando se trata de recursos para seguridad nacional.
La Comisión de Hacendarios deberá decidir si aprueba una modificación presupuestaria con información parcial o si insiste en obtener datos completos en sesión privada. El caso podría sentar un precedente sobre el equilibrio entre seguridad y transparencia en proyectos estatales de alto impacto.
Fuente: Asamblea Legislativa / Ministerio de Justicia y Paz.
