En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el Poder Ejecutivo expuso cifras sobre la situación de los homicidios en Costa Rica y defendió la reciente aprobación de una ley que endurece las penas contra el sicariato. De acuerdo con la exposición, entre los años 2010 y 2024 se registraron alrededor de 8.500 homicidios en el país, pero solo 3.500 casos llegaron a juicio, mientras que cerca de 5.000 muertes ni siquiera fueron sometidas a un proceso judicial para determinar responsabilidades penales.

El mensaje agrega que, de esos 3.500 expedientes que sí fueron elevados a juicio, solo una “mínima parte” terminó con personas sentenciadas por homicidio. A criterio del gobierno, estas cifras reflejan uno de los problemas estructurales del sistema de justicia costarricense: la impunidad que favorece, al menos, a un sector de quienes cometen este tipo de delitos.

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Endurecimiento de penas contra el sicariato

Según la explicación oficial, la nueva legislación se enfoca en castigar con mayor severidad a quienes participan en homicidios mediante la figura del sicariato, así como a quienes los contratan. Se sostiene que aproximadamente un 70 % de los responsables de homicidios en Costa Rica se vinculan con estas modalidades, por lo que la reforma busca cerrar espacios a quienes “aplican la pena de muerte todos los días” a través de asesinos a sueldo.

El Ejecutivo considera que la norma viene a llenar un vacío legal y a responder a una realidad en la que organizaciones criminales utilizan sicarios como herramienta cotidiana. El endurecimiento de penas pretende enviar una señal de desincentivo al crimen organizado y, a la vez, reforzar la protección del derecho a la vida frente a estos hechos de violencia extrema.

Un trámite legislativo largo y polémico

En el mensaje se recuerda que la aprobación de esta ley tomó más de dos años, marcados por intensos debates en la Asamblea Legislativa. Tras una primera votación, el proyecto fue consultado ante la Sala Constitucional, lo que prolongó su avance. Finalmente, el plenario dio luz verde a la iniciativa, lo que el gobierno califica como un logro “muy esperado” y “necesario e indispensable” para la seguridad ciudadana.

Las autoridades sostienen que, con esta reforma, el país da un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y los homicidios por encargo. También afirman que la nueva legislación se aprueba “para dicha y beneficio de los costarricenses”, en un contexto en el que la percepción de inseguridad y la preocupación por la violencia han aumentado de manera sostenida.

El Ejecutivo insiste en que ahora corresponde al sistema de justicia aplicar de manera rigurosa las nuevas disposiciones legales, para que los casos de homicidio no queden impunes y la ciudadanía perciba resultados concretos en materia de seguridad.

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