El discurso de un jefe de fracción de la oposición volvió a encender la palabra persecución en el debate público, luego de que denunciara su destitución del AYA como un acto arbitrario ordenado por el gobierno. En un mensaje enérgico, el legislador sostuvo que la decisión carece de criterio técnico, contradice incluso la advertencia de la propia Dirección Jurídica de la institución y responde directamente a su labor de control político desde la Asamblea Legislativa. El caso reabre la discusión sobre los límites entre las decisiones administrativas legítimas y el uso del aparato estatal como herramienta de castigo político.

Persecución política o decisión administrativa: el choque de versiones

En su pronunciamiento, el diputado afirmó que lo ocurrido no es una reorganización institucional, sino una clara persecución política por su rol como jefe de fracción opositora. Asegura que la orden de destituirlo del AYA se tomó “en un acto de absoluta arbitrariedad” y “sin un solo criterio técnico válido”, pasando por alto incluso la advertencia de la Dirección Jurídica interna. Desde su perspectiva, se trata de una represalia directa por no haberse “doblegado ante las presiones del Ejecutivo” en votaciones y discusiones clave en el plenario.

El legislador advierte que medidas como esta, dirigidas contra figuras que ejercen control político, constituyen un mensaje peligroso para la institucionalidad democrática. Plantea que, si se normaliza la persecución de quienes piensan distinto, cualquier funcionario o diputado crítico podría ver en riesgo su sustento por decisiones tomadas fuera de parámetros técnicos. El gobierno, por su parte, deberá explicar con detalle los fundamentos administrativos y legales detrás de la remoción, si quiere evitar que el caso escale de reclamo político a crisis de confianza institucional.

Un relato de retaliación: familia, sustento y control político

El diputado enmarca la situación como un intento de intimidarlo a través de su estabilidad laboral y la de su familia, en una lógica que él mismo califica como persecución. “Si el gobierno cree que atacando mi sustento o el de mi familia me van a callar, se equivocan rotundamente”, afirma, al tiempo que insiste en que su compromiso con la transparencia y el control político es “innegociable”. Presenta su destitución como un mensaje ejemplarizante para el resto de la oposición: alinearse o pagar un costo personal.

En su intervención, también describe estos métodos como “arbitrarios” y los define como una “mancha para nuestra democracia”, al considerar que buscan generar miedo en quienes no comparten la línea del Ejecutivo. La narrativa busca confrontar a un gobierno que, según su lectura, ha sido más firme con los críticos que con problemas estructurales de gestión. Frente a esto, el legislador se presenta como alguien dispuesto a sostener el pulso político sin ceder ante lo que denuncia como persecución.

Persecución y respaldo: solidaridad desde el AYA y la Asamblea Legislativa

Pese a la denuncia de persecución, el diputado subraya que no está solo. Agradece las muestras de solidaridad recibidas desde el plenario legislativo y los cientos de mensajes enviados por ciudadanos “sin color político” que han reaccionado a su caso. De forma especial, destaca el respaldo de “cientos de funcionarios del AYA”, compañeros de años que incluso se habrían ofrecido a costear a su abogado como gesto de apoyo y justicia. Ese detalle busca mostrar que, puertas adentro de la institución, no hay consenso sobre la decisión de removerlo.

El legislador sostiene que no se dejará amedrentar y que seguirá defendiendo a Costa Rica desde la Asamblea Legislativa, mientras acude a las instancias legales para que lo que considera un atropello no quede impune. Con ello, abre un frente judicial que permitirá contrastar su alegato de persecución con la documentación y los argumentos formales del gobierno y del AYA. El desenlace no solo marcará su situación personal, sino que sentará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la tensión entre el Ejecutivo y la oposición sin erosionar la confianza en el Estado de derecho.
Con información para STAY TV.