Las autoridades municipales de Cartago anunciaron el inicio de un proceso de diálogo para construir un acuerdo provincial en materia de terror y seguridad ciudadana, con apoyo de la Comisión de Seguridad y Crimen Organizado del Colegio de Abogados. La intención es articular esfuerzos entre municipalidades y otras instancias, pese a que la responsabilidad formal de la seguridad recae en el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ. El llamado surge ante la presencia de pandillas, narcotráfico y búnkers en comunidades como Los Diques, que han generado preocupación por el aumento de hechos violentos.

Un frente común contra el terror del crimen organizado

Según explicaron las autoridades locales, el objetivo del acuerdo provincial es unir capacidades institucionales ante un enemigo “muy poderoso, multimillonario y con muchas herramientas ilegales para operar”. La Municipalidad de Cartago admite que no es la encargada directa de la seguridad pública, pero insiste en que puede y quiere ayudar más, especialmente frente a las limitaciones de recursos que enfrenta Seguridad Pública y otras instituciones.

Con el acompañamiento de destacados juristas de la Comisión de Seguridad y Crimen Organizado, se trabaja en un plan de acción que reúna todo lo que cada municipalidad puede hacer para velar por la seguridad de los cartagineses. La prioridad es que la población no quede desprotegida frente al terror que generan las disputas de pandillas y las estructuras del narcotráfico en barrios sensibles de la provincia.

Operativos, pandillas y presencia temporal de la Fuerza Pública

Las autoridades locales reconocen que existe una lucha de pandillas que está afectando directamente a Cartago y atentando contra la vida de varias personas, un factor clave en la sensación de terror en las comunidades. En respuesta, la Policía Municipal, en coordinación con el OIJ y con refuerzos recientes de la Fuerza Pública, ha realizado operativos en sectores como Los Diques y otras zonas conflictivas.

Sin embargo, advierten que el refuerzo policial de Seguridad Pública ha sido aparentemente temporal. La Municipalidad sostiene que, si el Ministerio contara con más oficiales, estos operativos podrían ser semanales y no solo reacciones puntuales en momentos de crisis. De esa capacidad dependería evitar que se consoliden búnkers y puntos de venta de droga en Cartago, por lo que reiteran la necesidad de un acuerdo nacional en seguridad y de un fortalecimiento real de las fuerzas policiales del Estado para enfrentar el terror del crimen organizado.

Prevención local: control de espacio público y ventas ambulantes

En el plano preventivo, el gobierno local ha comenzado a intervenir el ornato y el uso del espacio público, especialmente en la zona de la estación y la parada de Lumaca, donde se han registrado incidentes vinculados a riñas y delitos. Al revisar ventas ambulantes estacionarias instaladas sin permiso, las autoridades encontraron una cantidad importante de objetos punzocortantes, lo que encendió alertas sobre riesgos asociados a estos puntos informales.

La Municipalidad anunció que continuará retirando estos objetos, abordando el fenómeno de ventas sin autorización y tomando todas las decisiones pertinentes para reducir la posibilidad de hechos violentos. No obstante, insiste en que su apoyo a la seguridad implica desviar recursos que podrían destinarse a calles, parques, acueductos y otras obras. Por ello subraya que, aunque colabora frente al terror criminal, el peso principal debe recaer en el gobierno central, que es el competente en materia de seguridad pública y persecución penal.

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