Aranceles: la Corte Suprema de EE. UU. limitó tarifas basadas en poderes de emergencia y abre un reacomodo comercial con impacto regional.
La Corte Suprema de Estados Unidos recortó el alcance de los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, al concluir que la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA) no autoriza a la Casa Blanca a imponer tarifas bajo ese fundamento. El fallo, decidido 6-3 y emitido el viernes 20 de febrero de 2026, reacomoda el tablero del comercio exterior estadounidense y abre una nueva etapa de definiciones para importadores, socios comerciales y mercados.
Qué decidió la Corte y por qué importa
En el centro del caso, la Corte sostuvo que IEEPA no entrega autoridad para imponer aranceles, lo que deja sin sustento jurídico una parte clave de la política comercial que se defendía como “medida de emergencia”. El fallo es leído como un refuerzo del principio de que el Congreso tiene un rol determinante en la regulación del comercio exterior y en los límites del poder ejecutivo en esta materia.
Para empresas importadoras en Estados Unidos —y para países exportadores— el efecto inmediato es doble: por un lado, cae el respaldo legal de esas tarifas; por otro, se abre un periodo de transición y disputa sobre qué ocurre con cobros ya realizados y con la continuidad de acuerdos o entendimientos comerciales que se habían negociado para esquivar o administrar el golpe arancelario.
Qué puede pasar ahora con la política comercial de EE. UU.
Tras el fallo, el escenario se movió hacia alternativas. Un análisis ampliamente citado en estos días indica que Washington puede intentar reemplazar o recomponer el esquema usando otras herramientas arancelarias previstas en la ley comercial estadounidense (por ejemplo, disposiciones que permiten recargos temporales o investigaciones sectoriales), lo que mantiene la volatilidad en el corto plazo.
En paralelo, autoridades comerciales estadounidenses han enviado un mensaje político: aun con el revés judicial, la política arancelaria “no ha cambiado” en su objetivo general, lo que sugiere un pulso entre la sentencia, la implementación práctica y la búsqueda de nuevas rutas legales para sostener presión comercial.
Implicaciones para Costa Rica: oportunidad y cautela
Para Costa Rica, la noticia se lee con una mezcla de alivio y prudencia. Alivio, porque un fallo que limita el uso de poderes de emergencia para imponer tarifas puede reducir riesgos de costos inesperados para exportaciones hacia el mercado estadounidense. Prudencia, porque la discusión en Washington no cierra: si el gobierno estadounidense migra hacia otros instrumentos legales, el efecto final dependerá de qué sectores se incluyan, con qué plazos y bajo qué criterios.
En términos prácticos, sectores exportadores tienden a pedir lo mismo en estos episodios: certeza y reglas estables para planificar contratos, logística y precios. El fallo puede empujar a una etapa más predecible si la política comercial se encauza por vías legislativas más claras; pero también puede abrir un periodo de litigios y ajustes, especialmente si surgen reclamos por reembolsos o si se activan nuevas medidas bajo otras autoridades.
Cierre
Con la decisión, la Corte Suprema reordena los límites legales del poder arancelario del Ejecutivo y empuja la discusión hacia el Congreso y hacia otras herramientas comerciales aún vigentes. Para economías abiertas como la costarricense, el mensaje central es claro: el comercio con Estados Unidos gana un argumento de legalidad y control institucional, pero la estabilidad dependerá de lo que Washington haga a continuación.
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