Plástico: UCCAEP y cámaras chocan con el diputado García y exigen archivar el proyecto 24.509 por duplicar la ley vigente y amenazar con criminalizar empresas.
Exigen archivar proyecto sobre plástico que amenaza con criminalizar empresas
Un choque frontal entre el sector empresarial costarricense y el diputado Carlos Felipe García se instaló en la Asamblea Legislativa en torno al Proyecto de Ley No. 24.509, que busca declarar las botellas de plástico de un solo uso como residuos de manejo especial. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), respaldada por la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara Costarricense Norteamericana, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara de Detallistas, la Asociación Costarricense de la Industria Plástica y la Cámara de la Industria Alimentaria, no solo rechaza la iniciativa: la califica de retroceso normativo y ambiental de alto impacto, innecesaria frente a la Ley No. 9786 ya vigente, y advierte que en su redacción actual abre la puerta para que productores y comerciantes sean criminalizados por no cumplir metas de recuperación de envases que el propio sector describe como arbitrarias y sin sustento técnico.
En una correspondencia enviada a jefes de fracción y diputados independientes, los presidentes de estas organizaciones sostienen que crear una normativa paralela sobre la misma materia no solo es innecesario, sino perjudicial: introduce duplicidad regulatoria, vacíos operativos y mayores cargas burocráticas sin aportar ningún beneficio ambiental comprobable. La Ley 9786, aprobada precisamente para regular de forma integral la gestión de envases plásticos de un solo uso, ya contempla el marco jurídico necesario para atender esta problemática.
Plástico legislado dos veces: los nueve puntos críticos del sector empresarial
El sector productivo y comercial identificó nueve puntos críticos en el Proyecto 24.509 que, en su conjunto, configuran lo que denominan una iniciativa técnicamente deficiente y jurídicamente problemática. En primer lugar, señalan que el proyecto no aporta valor jurídico ni ambiental, limitándose a repetir lo ya establecido por la Ley 9786 y generando duplicidad e inseguridad normativa. En segundo lugar, propone metas de recuperación de desechos plásticos que califican de arbitrarias y sin base técnica, económica ni operativa.
El tercer punto crítico es especialmente grave: el proyecto impone sanciones desproporcionadas y técnicamente deficientes, llegando al extremo de incorporar las bases para que el incumplimiento de metas de recuperación por parte de productores y comerciantes pueda constituirse en delito. Las organizaciones señalan que esto contradice principios legislativos básicos y genera un nivel de exposición jurídica desproporcionado para el sector.
Un cuarto elemento destacado es que el proyecto elimina la opción del uso de resina reciclada, una herramienta clave de economía circular que la propia Ley 9786 contempla, lo que representa un retroceso real en materia de protección ambiental. Los puntos restantes apuntan a la generación de obligaciones incompatibles entre ambas normas, el aumento innecesario de burocracia, la dispersión de competencias, la desarmonización con la legislación vigente sobre residuos de manejo especial y el riesgo de fomentar informalidad, litigios y menor cumplimiento, con impacto negativo sobre la seguridad jurídica, la inversión y el empleo.
La Ley 9786: el marco que ya existe y debe fortalecerse
La Ley No. 9786, Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, fue adoptada para regular integralmente la gestión de envases plásticos de un solo uso en Costa Rica. Entre sus disposiciones, establece la prohibición de la comercialización y entrega gratuita de bolsas plásticas en supermercados y establecimientos comerciales, y define un marco de obligaciones para productores e importadores. Actualmente, la ley se encuentra en proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud, lo que implica que su implementación plena está en curso dentro del marco institucional establecido.
Para el sector empresarial, este proceso de reglamentación es precisamente el camino correcto: perfeccionar y aplicar eficazmente la Ley 9786, optimizando sus mecanismos y estándares, en lugar de crear un sistema paralelo que genere confusión y debilite la gobernanza ambiental. Su posición es clara: «La decisión más responsable y coherente con la protección del marco jurídico y ambiental vigente es proceder con el archivo del proyecto 24.509 y enfocar todos los esfuerzos institucionales en la correcta aplicación y fortalecimiento de la Ley 9786».
La voz del proponente: diputado Carlos Felipe García defiende la iniciativa
Desde el otro lado del debate, el diputado Carlos Felipe García, proponente del Proyecto 24.509, defiende la iniciativa argumentando que la regulación actual del plástico de un solo uso en Costa Rica no es suficientemente oportuna ni efectiva. Reconoce que existen empresas pioneras, como Fitco, que ya implementan políticas de retorno del material utilizado, pero señala que otras compañías no aplican los estándares que ya son exigidos en países vecinos como Panamá y Colombia, donde se garantizan trazabilidad y menor impacto ambiental en el uso del plástico.
«Creemos en un equilibrio con la parte productora, pero también creemos en que Costa Rica ha sido pionero en materia ambiental. Es por eso que estamos introduciendo una serie de regulaciones para garantizar el mínimo impacto ambiental que pueda tener el uso del plástico de un solo uso en nuestro país», sostuvo García. Su argumento central es que la regulación existente no está siendo aplicada con la rigurosidad necesaria y que el país requiere estándares más exigentes para mantenerse a la vanguardia regional en materia ambiental.
Un debate que trasciende lo técnico
El choque entre la posición empresarial y la del diputado García refleja una tensión de fondo que va más allá de los tecnicismos jurídicos: es el eterno debate entre la regulación ambiental progresiva y la seguridad jurídica del sector productivo. Mientras el sector empresarial arguye que más regulación sobre lo mismo genera caos normativo sin beneficios reales, el legislador sostiene que sin nuevos estándares Costa Rica perderá terreno frente a sus vecinos en protección ambiental.
La resolución de este debate en el plenario legislativo tendrá consecuencias directas para la industria, el comercio, el medioambiente y los consumidores costarricenses. Lo que está en juego no es únicamente el destino de una botella plástica, sino el modelo de gobernanza ambiental que Costa Rica quiere construir para los próximos años: uno basado en el fortalecimiento de lo que ya existe, o uno que apuesta por nuevas capas regulatorias en busca de mayores estándares.
Con información para STAY TV: STAY TV
