Investigación abierta: Fiscalía de Género y OIJ investigan al influencer costarricense Mike Blanco por presuntos contactos indebidos con menores de edad.
Presuntos contactos indebidos con menores de edad
La Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación preliminar contra el creador de contenido costarricense Michael Blanco Paniagua, conocido en redes sociales como Mike Blanco, tras la circulación en plataformas digitales de denuncias sobre presuntos contactos indebidos con menores de edad. El caso fue confirmado por el Ministerio Público al medio digital CRHoy, que lo reportó este jueves 5 de marzo de 2026. Según informó la institución, el expediente ya fue trasladado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de ejecutar las diligencias investigativas bajo la dirección funcional de la Fiscalía. La investigación se encuentra en etapa preliminar y las autoridades no han brindado mayores detalles debido a la naturaleza del caso y a la posible participación de personas menores de edad, según consignó Infobae en su edición del 5 de marzo de 2026.
El caso se suma a una serie de denuncias que en los últimos meses han involucrado a figuras públicas del entorno digital costarricense, y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido frente a sus audiencias más jóvenes. Para seguir este y otros temas de actualidad en Costa Rica, visite la sección de sucesos en STAY TV.
Las denuncias en redes sociales que detonaron el proceso
El origen del caso se remonta a publicaciones que comenzaron a viralizarse en TikTok, cuando una usuaria identificada como «Abril de Abril» publicó un video en el que relató un episodio que, según su versión, habría ocurrido en 2019. En su testimonio, afirmó que el influencer mantenía en ese momento una relación sentimental con una familiar suya de aproximadamente 15 años, cuando él tenía 21. Además, señaló que posteriormente el creador de contenido habría conocido a otras dos familiares de 12 y 13 años, y que presuntamente también les habría enviado mensajes. Según relató la tiktoker, también hizo públicos mensajes en los que el influencer solicitaba fotografías a las menores, de acuerdo con lo publicado por Infobae.
La usuaria explicó que se enteró de la situación hasta el año pasado, ya que las menores habían mantenido el tema en silencio durante varios años. «Ellas lo tenían muy callado», afirmó en su publicación, al señalar que el influencer era uno de los más conocidos del país en plataformas digitales, contaba con una agencia que lo representaba y participaba en campañas comerciales con diferentes marcas. Según la tiktoker, esa visibilidad y popularidad pudo haber influido en el silencio de las víctimas durante tanto tiempo.
La investigación llega tras consultas periodísticas y presión digital
El Ministerio Público precisó que la apertura de la investigación preliminar respondió tanto a las consultas realizadas por medios de comunicación como a la información que había trascendido públicamente a través de las redes sociales. Esa combinación de presión mediática y exposición digital aceleró la activación institucional, que normalmente requiere de una denuncia formal para iniciar actuaciones. En este caso, la viralización del contenido y las consultas periodísticas fueron suficientes para que la Fiscalía ordenara el inicio del proceso investigativo.
El OIJ tendrá a su cargo la recopilación de pruebas, declaraciones y evidencia digital que permita determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial. La etapa preliminar de investigación no implica culpabilidad: su función es establecer si los hechos denunciados tienen sustento probatorio para continuar con el proceso penal.
Marcas y restaurantes suspenden contratos de forma preventiva
El impacto del caso no se limitó al ámbito judicial. Desde el momento en que las denuncias comenzaron a circular en redes sociales y antes incluso de que se confirmara la apertura de la investigación, varias agencias de publicidad, marcas comerciales y restaurantes que habían trabajado con Mike Blanco optaron por suspender de manera preventiva sus contratos y colaboraciones. Fuentes del sector publicitario indicaron que algunas empresas decidieron detener campañas en curso mientras se esclarece la situación, con el fin de proteger la reputación de sus marcas frente a un caso de esta naturaleza.
En el ámbito gastronómico, restaurantes que habían colaborado con el creador de contenido en promociones digitales también optaron por retirar publicaciones o cancelar futuras campañas publicitarias. Este tipo de decisiones es habitual cuando figuras públicas enfrentan investigaciones o señalamientos que pueden afectar directamente la imagen de las empresas asociadas, independientemente del resultado final del proceso judicial.
El contexto: figuras públicas, menores y la doble dimensión de las redes sociales
La apertura del caso contra Mike Blanco ocurre en un contexto en el que las denuncias de comportamientos inapropiados por parte de figuras del ecosistema digital se amplifican con una rapidez y un alcance que los mecanismos judiciales tradicionales no siempre pueden seguir. Las redes sociales funcionan simultáneamente como espacio de denuncia y como tribunal informal, con consecuencias para los señalados que en muchos casos preceden cualquier determinación judicial.
Esa dinámica genera debates legítimos sobre la responsabilidad digital, los límites de la exposición pública de casos en etapa de investigación y el impacto de la viralización en procesos judiciales que involucran a personas menores de edad, cuya protección debe mantenerse como prioridad absoluta independientemente de la identidad del señalado. Las autoridades costarricenses, en ese marco, han actuado con la discreción que el caso exige: confirmando la apertura del proceso sin revelar detalles que comprometan la integridad de la investigación ni la identidad de las presuntas víctimas.
El caso continúa en etapa preliminar. El OIJ y el Ministerio Público determinarán, en el curso de las diligencias, si existe mérito suficiente para avanzar en el proceso penal contra el influencer.
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