Costa Rica lleva en 2026 el ritmo más perturbador que puede registrar una sociedad cuando se habla de violencia de género: un femicidio cada ocho días. Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, en menos de dos meses el país ha confirmado ocho casos de mujeres asesinadas por razones de género, una cifra que no es solo una estadística sino el recuento de ocho vidas truncadas, ocho familias devastadas y ocho fracasos del sistema en proteger a quienes más lo necesitaban. El dato se inscribe en una tendencia histórica documentada: entre 2017 y 2025, 357 mujeres fueron víctimas de femicidio en Costa Rica, según registros del Observatorio de Criminalidad (OCR). En 2025, al 8 de diciembre, la Defensoría de los Habitantes reportaba 78 casos de violencia contra mujeres con resultado fatal. El problema no es nuevo, pero la frecuencia con que se repite en 2026 exige una respuesta que vaya mucho más allá de las declaraciones de condena. Para seguir este y otros temas de relevancia nacional, visite la sección de noticias nacionales en STAY TV.

El contexto regional amplía la gravedad del panorama: según el portal Divergentes, en Centroamérica los femicidios cobran la vida de tres mujeres por día, con Guatemala, Honduras y Nicaragua encabezando las cifras más altas. Costa Rica, aunque con indicadores distintos, no está exenta de esta crisis regional de violencia estructural contra las mujeres.

El femicidio como punta del iceberg: lo que los números no dicen

Cada femicidio que llega a los registros oficiales es la expresión más extrema y definitiva de una cadena de violencias que en la mayoría de los casos comenzó mucho antes: amenazas, agresiones físicas, control económico, violencia psicológica, denuncias que no se siguieron, órdenes de restricción que no se cumplieron. La investigación de la UCR publicada en diciembre de 2025 señalaba que cerca de dos mujeres morían cada 14 días en Costa Rica por violencia de género, y que en muchos casos el crimen ocurría precisamente en el lugar donde debería existir mayor seguridad: el hogar.

Esa realidad obliga a leer la cifra de ocho femicidios en menos de dos meses no como ocho eventos aislados, sino como ocho puntos finales de historias de violencia que el sistema tuvo múltiples oportunidades de interrumpir. La pregunta que la sociedad costarricense debe hacerse no es solo quién mató, sino qué falló antes de que llegara el momento de matar.

Las respuestas institucionales: entre el compromiso declarado y la acción real

Las instituciones costarricenses no han permanecido en silencio ante esta crisis. El Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Seguridad Pública y la Defensoría de los Habitantes han reiterado sus compromisos con la atención a las víctimas de violencia de género y con la persecución judicial de los agresores. El país cuenta con legislación específica sobre femicidio, tipificado como delito desde 2007, y con una red de servicios de atención que incluye casas de acogida, líneas de crisis y equipos especializados en violencia doméstica.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y las activistas que trabajan en el terreno señalan que esos recursos son insuficientes frente a la escala del problema. Las listas de espera para atención psicológica, la saturación de los juzgados de violencia doméstica, la falta de seguimiento efectivo de las órdenes de restricción y la escasez de plazas en las casas de acogida son algunas de las brechas que permiten que la violencia escale hasta convertirse en femicidio.

La capacitación como herramienta de prevención y respuesta

Uno de los puntos que organizaciones civiles y expertas en género han señalado de forma reiterada es la necesidad de fortalecer la capacitación de los cuerpos policiales y judiciales en la atención a víctimas de violencia de género. No basta con tener leyes: es necesario que quienes aplican esas leyes tengan la formación, la sensibilidad y los protocolos necesarios para identificar situaciones de riesgo antes de que sea demasiado tarde. Una llamada al 9-1-1 por violencia doméstica, una denuncia en un Organismo de Investigación Judicial o una solicitud de orden de restricción en un juzgado son puntos de contacto donde el sistema puede intervenir y salvar una vida, si quienes atienden están preparados para hacerlo.

La mejora en los sistemas de valoración de riesgo —que permiten identificar a las víctimas en situación de peligro inminente y aplicar medidas de protección reforzadas— es otra de las herramientas que los expertos recomiendan con urgencia. Costa Rica ha avanzado en ese campo, pero los ocho femicidios registrados en lo que va de 2026 sugieren que ese avance no ha sido suficiente.

Las causas estructurales: por qué la violencia persiste

El femicidio no ocurre en el vacío. Es el resultado de una combinación de factores estructurales que incluyen la desigualdad de género, las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, la normalización cultural de la violencia como mecanismo de control, la dependencia económica que atrapa a muchas mujeres en relaciones de las que no pueden salir, y la impunidad histórica que ha permitido que los agresores actúen con pocas consecuencias reales. Atacar esas causas profundas requiere una estrategia que vaya mucho más allá del sistema penal: educación desde la infancia, políticas de igualdad laboral, autonomía económica de las mujeres y una transformación cultural que rechace de forma activa la violencia de género en todas sus formas.

La colaboración entre el Estado, la sociedad civil, las universidades y las organizaciones internacionales es indispensable para construir esa respuesta integral. Ningún actor por sí solo tiene la capacidad de resolver un problema que tiene raíces tan profundas en la estructura social. Lo que sí puede hacer cada actor, desde su ámbito de acción, es asumir su parte de responsabilidad con la misma urgencia que la cifra de ocho femicidios en menos de dos meses está exigiendo.

La memoria de las víctimas como llamado a la acción

Detrás de cada número en las estadísticas de femicidio hay un nombre, una historia, una familia que recibió una noticia que lo cambió todo para siempre. Las 357 mujeres asesinadas entre 2017 y 2025, y las ocho que ya suma 2026 en menos de dos meses, no son cifras abstractas: son la medida concreta del costo humano de no haber hecho suficiente. Costa Rica tiene los instrumentos legales, las instituciones y los recursos humanos para responder mejor a esta crisis. Lo que hace falta es que esa respuesta llegue antes del siguiente número en la estadística.

Si usted o alguien cercano enfrenta una situación de violencia de género, puede comunicarse con el INAMU al teléfono 800-MUJERES (800-685-3737), disponible las 24 horas, o llamar al 9-1-1 en caso de emergencia.

Para conocer más sobre este y otros temas que afectan a las mujeres y a la sociedad costarricense, visite la sección de noticias nacionales en STAY TV.

Con información para STAY TV: STAY TV

Ryan

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