¿Colisión con la Constitución? Costa Rica firma declaración de «paz a través de la fuerza» en conferencia hemisférica y genera debate jurídico y diplomático
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, firmó el pasado 5 de marzo de 2026 una declaración conjunta con Estados Unidos y 15 países más del continente americano durante la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada en la ciudad de Doral, Florida. La declaración, impulsada por la administración estadounidense, promueve la doctrina de «paz a través de la fuerza» y reafirma una lógica estratégica de seguridad hemisférica que varios analistas han vinculado con la histórica doctrina Monroe. La firma, confirmada por La Nación, El Mundo CR y Expediente Público, generó de inmediato una reacción pública del Partido Liberación Nacional (PLN). Para seguir esta y otras noticias de relevancia nacional, visite la sección de noticias nacionales en STAY TV.
El acuerdo tiene también una lectura geopolítica regional: según el análisis de Centroamérica 360, la incorporación de Costa Rica al sur y de Honduras al norte aísla estratégicamente a Nicaragua dentro del mapa de la seguridad hemisférica impulsada por Washington. Un dato que añade una capa adicional de complejidad a una decisión que sus críticos califican como un alejamiento de la tradición pacifista y constitucional del país.
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La opinión de Miguel Guillén: una advertencia constitucional desde el PLN
Quien ha planteado con mayor detalle la dimensión jurídica y constitucional del asunto es el abogado Miguel Guillén, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN). En un comentario personal que circuló en redes sociales y fue compartido como posicionamiento propio, Guillén advierte que la firma del ministro Zamora no debe leerse como un acto meramente protocolario. En su opinión, cuando un Estado suscribe una declaración de esta naturaleza, está adhiriendo implícitamente a una determinada concepción de la seguridad internacional, y esa concepción podría generar roces —o incluso una eventual colisión— con principios fundamentales del ordenamiento constitucional costarricense. Esta es la opinión personal de Guillén como dirigente político y abogado; no una resolución institucional ni un criterio jurídico oficial.
El punto de partida del análisis de Guillén es el artículo 12 de la Constitución Política, que abolió el ejército como institución permanente en 1948 y consagró una concepción de la seguridad nacional fundada en el poder civil, la institucionalidad democrática y el derecho, «no en doctrinas militares de proyección estratégica». En su criterio, aquella decisión histórica no fue un gesto simbólico: fue el punto de partida de un modelo de Estado que deliberadamente se apartó de las lógicas geopolíticas basadas en la fuerza. Adoptar ahora la narrativa de «paz a través de la fuerza» introduce, cuando menos, una tensión discursiva con ese legado constitucional, según considera el presidente del PLN.
El artículo 7 y la tradición multilateral: la otra dimensión del análisis de Guillén
A la norma constitucional sobre la abolición del ejército, Guillén suma en su comentario el artículo 7 de la Constitución, que integra al ordenamiento interno los tratados públicos y los principios del derecho internacional. En su opinión, Costa Rica ha construido durante décadas su posición en el mundo sobre la base del multilateralismo, el desarme, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional. Esos principios, sostiene, no son solo retórica diplomática: han orientado la legislación, la práctica judicial y la política exterior del país de forma consistente desde la Segunda República.
Para el presidente del PLN, la adhesión a una declaración que reafirma la doctrina Monroe —una concepción del hemisferio como esfera de influencia estadounidense— introduce una tensión evidente con esa tradición. En su opinión personal, no se trata de negar la legitimidad de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. Se trata de preguntarse si esa lucha exige o justifica que Costa Rica se adscriba a doctrinas de seguridad que descansan en una lógica de poder militar que el propio orden constitucional costarricense decidió abandonar. Es importante subrayar que estas son valoraciones propias de Guillén, no resoluciones judiciales ni posiciones institucionales del Estado costarricense.
La Conferencia de Doral: el contexto donde se firmó la declaración
La Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada en Doral, Florida, reunió a los ministros de seguridad de dieciséis países del hemisferio bajo la convocatoria de la administración estadounidense. El evento formó parte de la estrategia del gobierno de Washington de consolidar una alianza hemisférica en materia de seguridad, con énfasis en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y las organizaciones terroristas. La participación del ministro Mario Zamora como representante de Costa Rica y la firma de la declaración final colocan al país dentro de ese marco estratégico.
El propio ministro Zamora declaró en ese contexto que «la cooperación con Estados Unidos se ha vuelto crucial» para Costa Rica en materia de seguridad, según reportó Expediente Público. Una afirmación que refleja la postura del Ejecutivo costarricense, pero que no resuelve las preguntas que el presidente del PLN plantea desde una perspectiva constitucional y diplomática.
La reacción del PLN: paz a través del derecho, no de la fuerza
La firma de Zamora generó una reacción oficial del Partido Liberación Nacional (PLN). Su secretario general fue directo en su posicionamiento: la defensa de la paz debe construirse «a través de las instituciones democráticas, no de la fuerza», según consignó elmundo.cr. En la misma línea, el presidente del PLN, Miguel Guillén, expresó en su comentario personal que la firma plantea la necesidad de revisar si el país está comenzando a desplazarse discursivamente hacia una concepción de seguridad incompatible con su tradición constitucional. Estas son posiciones del partido y de su dirigencia, no decretos ni pronunciamientos jurídicos vinculantes.
Esa reacción desde dentro del propio espacio político del gobierno sugiere que la firma de Zamora no representa un consenso nacional, sino una decisión ejecutiva que genera tensiones incluso al interno del bloque político que respalda a la administración. El debate que se abre a partir de este episodio excede la coyuntura: toca los fundamentos de lo que Costa Rica ha sido y lo que quiere ser en el escenario internacional.
La posición de Guillén: el mayor aporte de Costa Rica sigue siendo la paz por el derecho
En su comentario personal, el presidente del PLN, Miguel Guillén, cierra con una afirmación contundente: «En momentos de profundas tensiones internacionales, el mayor aporte de Costa Rica al hemisferio sigue siendo el mismo que ha sostenido durante décadas: la defensa de la paz a través del derecho y de las instituciones democráticas, no a través de la fuerza». Se trata, insiste, de una opinión propia que busca poner en perspectiva el alcance constitucional y diplomático de la firma.
Esa postura tiene un peso histórico que no puede ignorarse. Costa Rica ha sido un referente internacional precisamente porque eligió, en 1948, un camino diferente al que siguieron la mayoría de sus vecinos. Esa elección le permitió construir una identidad diplomática reconocida en todo el mundo, que le ha abierto puertas en foros multilaterales y le ha otorgado una credibilidad que países con mayor tamaño y recursos difícilmente igualan. En criterio de Guillén, comprometer esa identidad —aunque sea de manera discursiva— es un costo que el debate público tiene la obligación de evaluar con seriedad antes de que la adhesión a narrativas ajenas se consolide como política de Estado.
La pregunta que esta firma deja abierta, según la opinión del presidente del PLN, es clara y urgente: ¿está Costa Rica comenzando a desplazarse hacia una concepción de la seguridad que podría entrar en colisión con los principios constitucionales que han definido su identidad civilista, jurídica y pacifista desde la Segunda República? La respuesta no la da una declaración firmada en Doral. La da la Constitución Política que sigue vigente en San José.
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