El Gobierno de Costa Rica lanza una ofensiva legislativa con 6 megaproyectos de ley clave para transformar la seguridad, las cárceles y el combate penal.
Ofensiva total contra el crimen: Gobierno de Costa Rica lanza agresiva agenda de 6 proyectos de ley para blindar la seguridad nacional
El Poder Executivo de Costa Rica, en una acción conjunta coordinada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz, presentó una robusta batería de reformas legales orientadas a reestructurar el sistema penal y penitenciario del país. Esta estrategia legislativa busca cerrar los portillos legales que han facilitado la expansión del crimen organizado y la reincidencia delictiva en el territorio nacional.
LOS 6 MEGAPROYECTOS DE LA AGENDA DE SEGURIDAD
1. Ley Gerson Rosales (Protección Integral): Busca proteger a los cuerpos policiales endureciendo las penas contra quienes ataquen u obstaculicen su labor. Además, presume que la respuesta armada del oficial es en legítima defensa y extiende este principio para proteger a familiares y terceros. También castiga la resistencia al arresto y niega la libertad condicional si el delito fue contra un policía en funciones.
2. Combate a las Asociaciones Criminales: Propone penas de cárcel de 1 a 6 años para miembros de organizaciones criminales. El castigo se elevará drásticamente entre 6 y 20 años en casos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas u órganos, así como para quienes dirijan o recluten para estas bandas.
3. Ley Mano Firme contra la Reincidencia: Busca dictar prisión preventiva obligatoria para los delincuentes reincidentes o habituales. La medida impedirá que los jueces liberen a los sospechosos por arraigo familiar o laboral si tienen condenas previas, dos o más causas penales en trámite o si incumplieron medidas cautelares previas.
4. Ley Cero Ocio en las Cárceles: Regula el descuento de penas (1 día menos de condena por cada 2 días trabajados, aplicable tras cumplir la mitad de la pena). El dinero generado por el trabajo de los reos se distribuirá bajo un esquema estricto: 35% para manutención dentro del sistema, 35% para reparación a las víctimas, 20% para apoyo familiar y un 10% de ahorro obligatorio.
5. Control de Pistas de Aterrizaje Clandestinas: Eleva las penas de prisión de 5 a 10 años para dueños o administradores de pistas, aeródromos o sitios de atraque ligados al narcotráfico. Permite decomisar definitivamente maquinaria y aeronaves para trasladarlas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) e inmoviliza registralmente el terreno para que el dueño no pueda venderlo o traspasarlo. El propietario queda obligado a vigilar su finca y verificar los permisos ante Aviación Civil.
6. Seguridad Registral y Archivos Judiciales: Propone limitar el «derecho al olvido» aprobado en 2016, ya que el borrado de antecedentes ha incidido en el aumento de la reincidencia, según reconoció la Magistrada Patricia Vargas González. La reforma plantea conservar los antecedentes por 15 años para efectos laborales, pero estipula que para fines policiales, de investigación criminal o para otorgar beneficios carcelarios, los registros no se eliminen nunca.
Un ajuste estructural enfocado en erradicar los beneficios penitenciarios
La introducción de estas reformas pone el foco de atención sobre el funcionamiento interno de los tribunales de justicia del país. Con iniciativas como la Ley Mano Firme, el Ejecutivo pretende limitar el margen de discrecionalidad judicial, obligando a mantener tras las rejas a sujetos que representan una amenaza constante para las comunidades. En paralelo, el reordenamiento del trabajo carcelario bajo la Ley Cero Ocio busca que la población penitenciaria sufrague parte de sus gastos operativos y compense económicamente los daños causados a las víctimas.
Por su parte, el endurecimiento de controles sobre las fincas y los archivos judiciales responde a una necesidad de inteligencia policial y patrimonial. La inmovilización registral inmediata de las propiedades que alojen pistas de aterrizaje no autorizadas corta el flujo logístico de las redes de narcotráfico internacional de manera directa[cite: 3]. Estos seis proyectos iniciarán su respectivo trámite de discusión en las comisiones legislativas este año, configurando un debate crucial para determinar el rumbo de la política de seguridad del Estado.
Fuentes
- Dossier legislativo de Proyectos de Seguridad Nacional, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (Junio 2026)[cite: 3].
- Informe sobre registros de reincidencia penal, declaraciones de la Magistrada Patricia Vargas González (Junio 2026)[cite: 3].
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