El Poder Judicial denuncia un recorte del 42% en su presupuesto operativo. Magistrados advierten impacto en investigaciones y atención a víctimas.

Presupuesto bajo la lupa: El choque de poderes se intensifica tras millonario recorte al Poder Judicial

Presupuesto es la palabra que hoy enciende un nuevo y encarnizado frente de batalla entre los Supremos Poderes de la República. En un escenario nacional donde el Poder Ejecutivo ha exigido a todas las instituciones del Estado socarse la faja y aplicar medidas de austeridad extrema para sanear las finanzas públicas, el Poder Judicial ha alzado la voz para denunciar lo que consideran una asfixia financiera. La cúpula judicial confirmó la recepción de una directriz del Ministerio de Hacienda que impone un severo rebajo del 42% en la partida de gastos operativos institucionales, una medida que, según los magistrados, paralizará la administración de justicia en el país.

La tensión institucional quedó en evidencia durante la más reciente sesión de Corte Plena, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, catalogó la situación como sumamente compleja y difícil. Aguirre detalló que este nuevo recorte unilateral aplicado por el Ejecutivo impactará directamente las subpartidas esenciales que mantienen en funcionamiento la maquinaria judicial, tales como el rubro de combustibles, el pago de viáticos y la remuneración de horas extras para el personal técnico y policial[cite: 8]. En términos económicos, este hachazo al gasto operativo equivale a la suma de 3.053 millones de colones que dejarán de fluir hacia las arcas del sistema de justicia.

La crisis operativa del OIJ y la ironía de la exigencia ciudadana

La reacción de los jerarcas no se hizo esperar, enmarcando este recorte dentro de un discurso político que perciben como hostil. La magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, expuso una profunda preocupación por las vías de hecho utilizadas para aplicar la rebaja presupuestaria, argumentando que una afectación de esta magnitud a la organización judicial debería requerir un procedimiento extraordinario en la Asamblea Legislativa con mayoría calificada, y no la simple retención de los depósitos.

Solano cuestionó la incongruencia entre el discurso político del Ejecutivo y las acciones financieras. La magistrada recordó que, apenas días atrás, el país presenció el megaoperativo «Riverside», la intervención contra el crimen organizado más grande en la historia de Costa Rica, la cual requirió el despliegue de 100 fiscales, 77 jueces y cientos de policías. Para la jerarca, resulta irónico y contradictorio que el Gobierno y la ciudadanía reclamen resultados inmediatos contra la mora judicial y el narcotráfico, mientras simultáneamente se le quitan los recursos elementales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar levantamientos de cuerpos en carretera o desplegar operativos de madrugada.

«Es como poner una olla al fuego. Esa es la criminalidad, la olla caliente. La olla tiene agua y entre más fuego le pongamos, el agua se seca», ilustró Solano, sugiriendo que la asfixia económica parece una estrategia totalmente planeada para debilitar a la institución, en un contexto donde además el Congreso mantiene vacantes ocho sillas de magistrados suplentes en la Sala Constitucional y tres en la Sala Tercera.

Impacto dramático en la atención a víctimas de escasos recursos

Más allá de la infraestructura y los vehículos, el golpe más sensible de este recorte financiero recaerá directamente sobre las poblaciones más vulnerables del país. El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, realizó una cruda radiografía de las afectaciones directas que sufrirá el Ministerio Público, advirtiendo que la falta de liquidez obligará a trasladar el costo de la justicia a las propias víctimas de los delitos.

Díaz explicó que la institución se quedará sin capacidad para contratar dictámenes periciales especializados, advirtiendo que en lo que resta del año las víctimas tendrán que costear estos cuantiosos análisis de su propio bolsillo si desean que sus casos avancen en los tribunales[cite: 10]. Asimismo, se paralizarán por completo las traducciones oficiales de documentos extranjeros, un insumo vital para la cooperación internacional en investigaciones complejas de tráfico de drogas, legitimación de capitales y redes de corrupción corporativa.

El panorama social trazado por el fiscal general resulta desolador para el acceso a la justicia. El Ministerio Público confirmó que no habrá presupuesto para proveer intérpretes a las personas indígenas que deban declarar en su idioma natal, ni recursos para contratar intérpretes de LESCO. Además, se suspenderán los pagos de transporte y alimentación para que los testigos y víctimas de escasos recursos puedan asistir a los juicios.

La precariedad institucional llegará a extremos alarmantes: el sistema ya no podrá brindar prendas de ropa de segunda mano a las víctimas de violación sexual que deben entregar sus vestimentas como evidencia, ni existirá contenido económico para colaborar con servicios funerarios y compra de ataúdes para familias en condición de pobreza extrema que pierdan a un ser querido producto de la criminalidad.

Un pulso por el control y la eficiencia del Estado

El recorte presupuestario también frena en seco el mantenimiento urgente de los edificios judiciales, muchos de los cuales se encuentran en condiciones deplorables, y paraliza la compra de licencias tecnológicas y equipos de cómputo en las fiscalías regionales.

Mientras el Gobierno de la República defiende a capa y espada que la austeridad debe ser una regla inquebrantable para todos los ministerios e instituciones descentralizadas sin excepción alguna, el Poder Judicial interpreta esta rebaja del 42% operativo como una amenaza directa a su independencia y capacidad de respuesta. El desenlace de este choque de trenes definirá no solo el equilibrio fiscal del país, sino el futuro inmediato de la persecución penal en Costa Rica durante los meses más críticos del año.

Fuente: Transcripciones oficiales de las declaraciones del magistrado Orlando Aguirre, la magistrada Patricia Solano y el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, brindadas durante la sesión de Corte Plena.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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