Presentan grave denuncia penal contra la Contralora Marta Acosta por peculado de servicios. Se le acusa de usar abogados públicos para defensas personales.
Recurso externo:
Ver video completo en YouTube
Escándalo institucional: Presentan grave denuncia penal contra la Contralora de la República por supuesto peculado de servicios
Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, enfrenta una seria acusación en la vía judicial que podría sacudir los cimientos del máximo órgano fiscalizador del Estado costarricense. Este 20 de julio de 2026, la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez presentó formalmente una denuncia penal ante el Fiscal General de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, acusando a la jerarca de la presunta comisión del delito de peculado de servicios, un ilícito que se encuentra tipificado claramente en el artículo 361 del Código Penal. El caso pone bajo la lupa ciudadana e institucional el supuesto uso ilegítimo de valiosos recursos y personal técnico de la Contraloría General de la República (CGR) para brindar una defensa legal de carácter estrictamente personal a funcionarios de la misma institución que fueron demandados a título individual.
La denuncia, que se fundamenta en el ineludible deber de probidad y la obligación irrenunciable de todo legislador de denunciar irregularidades en la función pública, detalla una aparente y sostenida desviación de poder. Según el extenso documento presentado ante el Ministerio Público, el origen de estos gravísimos hechos se remonta a una alerta ciudadana recibida en la presidencia de la Asamblea Legislativa el pasado 13 de julio de 2026. Esta denuncia confidencial advirtió sobre la cuestionable transformación de la División Jurídica de la CGR en una especie de bufete privado y completamente gratuito, diseñado presuntamente para cubrir la responsabilidad civil personal de varios empleados de confianza de la alta jerarquía, desviando así fondos públicos hacia intereses de particulares.
El polémico origen: La licitación de las Áreas de Salud de la CCSS
Para comprender la verdadera magnitud y alcance de la denuncia contra la Contralora, resulta estrictamente necesario retroceder en el tiempo a la crisis generada por la Licitación Mayor promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este controversial cartel buscaba adjudicar, con carácter de urgencia, la administración y gestión de diez Áreas de Salud vitales para la población. Tras un proceso de evaluación, resultaron seleccionadas las organizaciones COOPESALUD R.L., COOPESANA R.L. y COOPESAÍN R.L., con el único propósito de garantizar la continuidad del servicio público de salud a miles de asegurados.
Sin embargo, la actuación de la Contraloría en este expediente generó fuertes y amargos cuestionamientos técnicos. Apenas dos días hábiles después de que se anunciara la adjudicación, el órgano contralor ordenó la apertura de una investigación exhaustiva sobre la razonabilidad de los precios ofertados. En un tiempo récord de apenas siete días naturales, un grupo de funcionarios de la CGR, plenamente identificados como Carlos Morales Castro, Leonardo Jiménez Cascante, Marco Vinicio Quirós Morales y Ricardo Rodríguez Hernández, emitieron una polémica nota técnica. Según expone la denuncia de la diputada Esquivel, este documento validó de forma complaciente y apresurada un informe de la CCSS que se alejaba peligrosamente de las reglas estipuladas en el cartel original, desaplicando en la práctica los lineamientos de la Ley General de Contratación Pública.
El nivel de celeridad burocrática, calificado como altamente inusual y carente de una revisión de fondo rigurosa, quedó registrado en una línea de tiempo el 17 de julio de 2024. La documentación oficial detalla que la nota fue firmada a las 10:50 de la mañana. Sorprendentemente, fue remitida al Área de Investigación Ciudadana por la Gerente de Fiscalización, Carolina Retana Valverde, a las 11:17 de la mañana. Para culminar este veloz proceso, fue enviada directamente al Ministerio Público a las 12:45 de la tarde por el Gerente de Investigación, Rafael Picado López. Esta vertiginosa concatenación de oficios derivó en la inmediata acumulación de la documentación a una causa penal abierta, afectando severamente a los involucrados en la licitación.
El cuestionado blindaje institucional y el salto a la vía contenciosa
Ante lo que consideraron una evidente negligencia técnica y un atropello a sus derechos, las cooperativas de salud interpusieron denuncias formales a lo interno de la Contraloría. No obstante, el Auditor Interno de la institución, Jorge Alberto Suárez Esquivel, procedió a archivar la causa sin mayores diligencias. Finalmente, el 23 de julio de 2025, la propia Contralora emitió una resolución oficial, declarando sin lugar el recurso de apelación y convalidando por completo las cuestionadas actuaciones de sus subalternos directos.
Agotada y blindada la vía administrativa interna, el caso escaló inevitablemente a los estrados judiciales. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda tomó cartas en el asunto y dictó el auto inicial del proceso el 8 de diciembre de 2025. En este complejo juicio, las partes demandadas incluyeron al Estado costarricense, a la Contraloría General de la República, y, de manera muy directa y personal, a los seis funcionarios implicados en la elaboración y trámite de la nota técnica. El objetivo central de esta demanda civil era determinar, con precisión milimétrica, la responsabilidad económica de estas personas físicas por presunta culpa grave o dolo en el ejercicio negligente de sus funciones públicas.
Peculado de servicios: Abogados públicos pagados por los costarricenses para responsabilidades privadas
El punto neurálgico que sustenta la dura acusación penal contra la Contralora radica en su cuestionable reacción administrativa ante esta demanda civil interpuesta en los tribunales. De acuerdo con las pruebas aportadas en el expediente, Marta Acosta asumió inicialmente la defensa legítima de la institución asignando el caso a dos reconocidos abogados de la División Jurídica interna. Sin embargo, en un segundo momento procesal, la jerarca invocó una circular interna y un artículo del reglamento orgánico para ordenar, de manera expresa, que estos mismos profesionales asalariados por el Estado asumieran la representación y defensa legal de los funcionarios demandados en su ámbito estrictamente personal y patrimonial.
La diputada denunciante argumenta con vehemencia que esta directriz ejecutiva configura claramente los elementos del delito de peculado de servicios, ya que se están empleando de manera sistemática horas laborales, jugosos salarios y el conocimiento especializado de profesionales pagados con los impuestos de los costarricenses para proteger el bolsillo particular de individuos ante reclamos civiles de índole personal. Este proceder, subraya el documento legal, quebranta de forma grosera el principio de legalidad y el sagrado deber de probidad, estableciendo un trato desigual y privilegiado inadmisible en un Estado de Derecho. Mientras un ciudadano común y corriente debe pagar onerosos honorarios profesionales de su propio peculio para defenderse en las cortes, los funcionarios de la CGR cuentan con un verdadero «bufete privado VIP» financiado íntegramente por el erario nacional.
La denuncia culmina exigiendo al Ministerio Público acciones inmediatas, incluyendo el secuestro urgente de toda la prueba documental en la sede de La Sabana, el aseguramiento del expediente contencioso y la incautación de las resoluciones emitidas por Acosta, con el fin de frenar de una vez por todas la distracción ilegítima de los servicios públicos. Este caso promete mantener una altísima tensión política en las próximas semanas, abriendo un debate sumamente profundo y necesario sobre los verdaderos límites del poder, la erradicación de los privilegios abusivos en la función pública y la imperativa necesidad de garantizar la transparencia absoluta de quienes, por mandato constitucional, están llamados a ser los guardianes implacables de las finanzas de Costa Rica.
Con información para STAY TV: STAY TV
