Cárceles de máxima seguridad bajo estricto control. Gobierno ordena retiro de tomacorrientes y critica beneficios otorgados a criminales peligrosos.
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Cárceles y máxima seguridad: Gobierno endurece medidas mientras el Poder Judicial devuelve privilegios a peligrosos criminales
La seguridad en las cárceles de Costa Rica se ha convertido en el epicentro de un choque institucional sin precedentes, donde la firmeza del Poder Ejecutivo contrasta alarmantemente con las decisiones laxas de ciertos sectores del Poder Judicial. En una reciente reunión de alto nivel, la Presidenta Fernández y el Ministro de Justicia y Paz, conocido como don Gabriel, delinearon un plan operativo implacable para garantizar que el criminal más peligroso del país, alias «El Diablo», permanezca bajo el más estricto régimen de máxima seguridad en el centro penitenciario La Reforma[cite: 10]. La mandataria fue enfática al recordar que este delincuente estuvo en fuga durante diez largos años, una década de terror que fue posible únicamente después de que el propio Poder Judicial tomara la cuestionable decisión de dejarlo en libertad[cite: 10]. Según los datos revelados en la reunión, durante esa década de impunidad, este criminal fue responsable del asesinato de alrededor de 200 personas[cite: 10]. Ante esta dantesca cifra, la orden presidencial fue categórica: el delincuente no se puede escapar, no puede matar y no lo pueden matar, exigiendo un reporte pormenorizado todos los lunes para evaluar el operativo[cite: 10].
En su afán por limpiar el sistema penitenciario y erradicar cualquier posibilidad de corrupción interna, el Gobierno ha instruido medidas drásticas que no admiten negociación. La Presidenta ordenó al Ministro de Justicia que ningún policía penitenciario, agente de la Unidad Especial de Intervención (UEI) o cualquier oficial destacado en el ala de máxima seguridad, tenga permitido portar teléfonos celulares durante su turno[cite: 10]. Esta directriz busca mitigar cualquier riesgo de fuga de información y cortar de raíz la comunicación ilícita entre los privados de libertad y el exterior, una orden que el ministro se comprometió a acatar y girar de inmediato a todos los cuerpos policiales[cite: 10].
El polémico fallo judicial y la indignación del Ejecutivo
Sin embargo, mientras el Gobierno redobla esfuerzos para proteger a la ciudadanía, las acciones del Poder Judicial han generado una profunda decepción institucional. Durante el encuentro, el Ministro de Justicia informó una noticia lamentable: una jueza del Tribunal Penal de Pococí resolvió un incidente de queja a favor de la defensa, revirtiendo las estrictas órdenes emitidas por el Ejecutivo el pasado viernes[cite: 10]. En una decisión que desafía el sentido común, la jueza le restituyó a alias «El Diablo» y a alias «Tan» el derecho a tener visitas de sol, permisos para realizar llamadas a sus familiares y autorización para recibir visitas externas[cite: 10]. La Presidenta Fernández calificó esta resolución como un gravísimo riesgo para la seguridad nacional, ya que abre la puerta para que estos líderes criminales sigan girando órdenes de ejecución y narcotráfico desde sus celdas[cite: 10]. Ante esto, advirtió que el Poder Judicial tendrá que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica por las acciones de sus jueces y fiscales[cite: 10].
Oscuros nexos: El perfil del abogado defensor y las medidas en celdas
La controversia se profundiza al analizar el perfil del actual abogado defensor de alias «El Diablo». La mandataria expuso con perplejidad que este litigante no es un abogado penalista cualquiera, sino un exfuncionario de carrera que laboró durante 23 años dentro del Poder Judicial, de los cuales 18 años los ejerció como fiscal de la República[cite: 10]. Este exfiscal renunció sorpresivamente en el año 2020 y ahora reaparece defendiendo al criminal más buscado del país[cite: 10]. Pero el dato más alarmante, que deja muchas más preguntas que respuestas, es que la esposa de este abogado defensor se desempeña actualmente como jueza penal del Poder Judicial en la provincia de Limón, teniendo bajo su jurisdicción la resolución de casos de homicidios, crimen organizado y narcotráfico[cite: 10]. La Presidenta expresó su total desilusión ante esta coincidencia y urgió a la Asamblea Legislativa a tomar cartas en el asunto e investigar a fondo esta red de conexiones[cite: 10].
Finalmente, demostrando que la administración no cederá un centímetro en su política de mano dura, se abordó el tema de los decomisos en las celdas. El Ministro reportó el éxito de un operativo iniciado en mayo, mediante el cual se lograron retirar 238 hornos microondas y 352 pantallas de televisión de las celdas de los privados de libertad[cite: 10]. Ante este reporte, la Presidenta Fernández fue un paso más allá en su estrategia de orden y disciplina: ordenó al Ministro retirar inmediatamente todos los tomacorrientes de las celdas de máxima seguridad[cite: 10]. La lógica gubernamental es irrefutable: si ya no tienen electrodomésticos, no hay ningún sentido en mantener tomacorrientes que solo sirven para generar riesgos de manipulación y ocultamiento de objetos ilícitos[cite: 10]. El Gobierno ratifica así que no detendrá su marcha por hacer lo correcto, exigiendo que los demás poderes de la República asuman también su responsabilidad histórica con el país[cite: 10].
Con información para STAY TV: STAY TV
