Presentarán querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional tras prorrogar de forma polémica nombramientos vencidos.
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Denuncian a magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato y golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa
Una profunda crisis institucional y un choque frontal de poderes han sacudido el escenario político y legal de Costa Rica, luego de que se anunciara la presentación de una querella penal contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional. La denuncia, que será formalizada este próximo lunes ante la Secretaría de la Corte Plena, acusa a los altos jueces del presunto delito de prevaricato tras haber emitido una resolución que prorroga, de manera señalada como ilegal e inconstitucional, el nombramiento de varios magistrados suplentes cuyos periodos reglamentarios ya habían expirado. Este acto ha sido calificado por sectores políticos y voces críticas como un auténtico «golpe de Estado» orquestado desde una facción del Poder Judicial en detrimento directo de las facultades exclusivas de la Asamblea Legislativa, abriendo un debate sin precedentes sobre los límites del activismo judicial en el país.
El centro de la controversia radica en el vencimiento de los nombramientos de dichos funcionarios judiciales, el cual se hizo efectivo desde el pasado 16 de diciembre del año 2025. De acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense, el único órgano del Estado autorizado constitucionalmente para nombrar, evaluar y destituir a los miembros de la magistratura es el Congreso de la República. Al emitir una prórroga por la vía de una resolución de la Sala IV, los detractores afirman que los magistrados firmantes se han extralimitado de forma temeraria, violentando de manera categórica el sagrado principio de división de poderes, el cual es el pilar fundamental que sostiene el sistema democrático y el Estado de derecho de la nación centroamericana.
Magistrados acusados de usurpar funciones constitucionales
La dureza de las acusaciones no tiene precedentes recientes en la historia política del país. Quienes impulsan la querella sostienen que, a simple vista, lo resuelto por los cuatro magistrados constitucionales violenta flagrantemente múltiples numerales de la Carta Magna. En específico, se señala una infracción directa a lo establecido en los artículos 9 y 11, referentes a la división de poderes y al principio de legalidad, así como el artículo 121 en sus incisos 3 y 20, que dictan las atribuciones exclusivas del parlamento. Asimismo, se argumenta una transgresión a los artículos 154, 157, 158 y 164, los cuales regulan la conformación de la Corte Suprema de Justicia y los plazos de elección de sus miembros.
Los magistrados que han sido directamente señalados y que enfrentarán la querella por prevaricato —delito que castiga a los funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias a la ley basándose en hechos falsos o interpretaciones torcidas— son Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García. Según la denuncia pública, estos juristas habrían instaurado un régimen de facto en el que se otorgan a sí mismos poderes supraconstitucionales, atribuciones que ni la propia Constitución Política ni los tratados internacionales vigentes le han concedido en ningún momento a la jurisdicción constitucional.
Una fractura en la división de poderes y el Estado de derecho
El argumento central de la denuncia subraya que el artículo 164 de la Constitución es meridianamente claro al señalar que solamente mediante la ley se podrá establecer el plazo del ejercicio y las condiciones operativas tanto para los magistrados propietarios como para los suplentes. En ningún apartado se le otorga a la Sala IV la potestad de autogestionar la extensión de los nombramientos de sus propios colegas. Esta grosera violación del artículo 158 constitucional, el cual dicta que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un periodo exacto de ocho años y no por prórrogas antojadizas o indefinidas, es vista como una maniobra desesperada para mantener el control y proteger intereses particulares de unos pocos en detrimento de la voluntad soberana del pueblo costarricense.
Además, se ha cuestionado severamente que el sistema de elección debe realizarse de forma escalonada (por terceras partes de la totalidad) mediante votación en el Plenario Legislativo, un balance democrático que queda anulado si cuatro jueces deciden por sí solos quiénes continúan impartiendo justicia en la máxima instancia del país. El pronunciamiento advierte que el Poder Judicial, con este tipo de acciones, se está mostrando consecuente con la defensa de valores profundamente antidemocráticos, destruyendo aún más la ya desgastada y pobre imagen que tiene ante la opinión pública.
El llamado a la defensa de la institucionalidad
Frente a este escenario de crisis institucional, las voces críticas han lanzado un vehemente llamado al pueblo de Costa Rica para que defienda de manera valerosa la Constitución Política frente a lo que consideran un secuestro de las facultades legislativas por parte de jueces que han perdido el norte de su investidura. La presentación formal de la querella por prevaricato el próximo lunes ante la Secretaría de la Corte Plena marcará el inicio de un arduo proceso legal y de un pulso político de altísimo voltaje.
El país observará con lupa el desarrollo de este acontecimiento. El desenlace de esta querella no solo definirá el futuro profesional y legal de los señores Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, sino que sentará un precedente definitivo sobre hasta dónde puede llegar el brazo de la Sala Constitucional sin romper el delicado equilibrio de la división de poderes en Costa Rica.
Con información para STAY TV: STAY TV
