El economista Leiner Vargas y el dirigente de ANEP, Wálter Quesada, impulsan ante el TSE la solicitud ciudadana de referéndum para devolver el 100% del ROP.

Ciudadanos exigen un referéndum ante el TSE para decidir sobre la devolución total del ROP con fuerte respaldo técnico y sindical

La disputa estructural por el control y la administración de los miles de millones de colones que conforman el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) ha tomado un giro político y social de altísima trascendencia. Este martes, un bloque conformado por ciudadanos, expertos en finanzas y líderes de la clase trabajadora se presentó en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José. Su objetivo es claro y directo: presentar la solicitud formal para activar un referéndum de iniciativa ciudadana que someta a votación de todo el país la “Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias”. Este movimiento busca, de una vez por todas, arrebatarle el control del ahorro individual a las operadoras financieras y devolvérselo a los trabajadores costarricenses al momento de su jubilación.

El acto cívico y de presión pública destacó no solo por la cantidad de personas congregadas en la plazoleta del órgano electoral, sino por el peso específico de las figuras que lideran y respaldan el movimiento. Desde la trinchera académica y técnica, la propuesta cuenta con el impulso y la vocería del reconocido economista Leiner Vargas. La presencia de Vargas dota a la iniciativa de un músculo analítico fundamental, necesario para desmitificar los discursos que a menudo emanan desde el sector financiero tradicional. Para los promotores de esta ley, el argumento económico es inamovible: el ROP no es, ni fue concebido jurídicamente, como un régimen de pensión solidaria, sino como una cuenta de capitalización y ahorro estrictamente individual, y por ende, es propiedad privada e inalienable del trabajador.

La presión en las calles: El reclamo sindical y el fin de los desembolsos a cuentagotas

Mientras los argumentos técnicos eran presentados formalmente en las ventanillas del TSE, en las afueras de la institución se vivía un ambiente de profunda indignación ciudadana, liderado en gran medida por la dirigencia del sector laboral organizado. Frente a la multitud y con un micrófono en mano, Wálter Quesada Fernández, destacado Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), articuló el sentir de miles de asalariados que observan con frustración cómo el fruto de su esfuerzo laboral queda atrapado en una telaraña burocrática y financiera que les impide gozar de una jubilación digna. La presencia de las banderas sindicales en el recinto subraya que esta no es una pugna menor, sino un choque frontal entre los intereses de la clase trabajadora y la rentabilidad del sector bursátil.

La narrativa popular y el profundo agotamiento social quedaron gráfica y crudamente plasmados en las pancartas que acompañaban a Quesada y al resto de los manifestantes. Uno de los mensajes visuales más contundentes y representativos del clamor colectivo rezaba: “El ROP fue creado con el fin de ser disfrutado en vida, no cuando estemos Muertos”, un texto escoltado por imágenes de ataúdes que simbolizan la trágica realidad de muchos pensionados que fallecen antes de poder retirar la totalidad de sus fondos bajo la actual modalidad de rentas programadas. Este reclamo apela al sentido común de la población: no tiene lógica financiera ni humana obligar a un adulto mayor a recibir su propio dinero en tractos diminutos durante décadas, limitando su capacidad para saldar deudas, invertir en un negocio propio o simplemente mejorar su calidad de vida en el ocaso de sus años productivos.

Sin impacto para la CCSS: Desmontando la campaña de miedo

Uno de los ejes centrales de la argumentación expuesta por el economista Leiner Vargas y los ciudadanos promoventes radica en separar las aguas entre los diferentes pilares de la seguridad social costarricense. Quienes se oponen a la devolución del dinero suelen esgrimir el temor a una crisis sistémica; sin embargo, los impulsores de la “Ley de Devolución Plena” son absolutamente categóricos: esta propuesta legislativa no altera, no desfinancia y no compromete en lo más mínimo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Al tratarse de cuentas individualizadas bajo el amparo de la Ley de Protección al Trabajador, el retiro total del capital por parte de quienes alcanzan los 65 años o se acogen a su pensión, impacta únicamente la liquidez de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), pero no la reserva de las pensiones solidarias del Estado.

El proyecto presentado es claro en su alcance. No busca obligar a todos los costarricenses a retirar su dinero de golpe si no lo desean. Su verdadero espíritu radica en reconocer y garantizar la libertad de elección del afiliado, permitiéndole decidir patrimonialmente si desea llevarse el 100% de su saldo acumulado, o si prefiere, por voluntad propia y conveniencia financiera, mantenerse dentro de las modalidades de desembolso fraccionado. Es, en esencia, una batalla por la autonomía financiera del ciudadano frente a la tutela del Estado sobre sus finanzas personales.

El inicio de la ruta del referéndum y la recolección de firmas

La documentación entregada al Tribunal Supremo de Elecciones marca el kilómetro cero de una extensa, compleja y muy fiscalizada maratón democrática. Los magistrados electorales deberán ahora proceder con el estudio de admisibilidad del texto propuesto. Si el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el propio TSE determinan que el proyecto de ley no roza con la Constitución Política ni legisla sobre materias expresamente prohibidas para la figura del referéndum, se procederá a autorizar el formato oficial de recolección de firmas.

A partir de ese instante, la dirigencia sindical de la ANEP, las bases ciudadanas, y las figuras técnicas que respaldan este movimiento tendrán el inmenso reto logístico de desplegarse por los setenta y cuatro cantones del país para recolectar el respaldo físico de al menos un 5% del padrón electoral nacional. Este esfuerzo requerirá la validación de cerca de 180.000 rúbricas ciudadanas en un periodo máximo de nueve meses. Si el objetivo se cumple, Costa Rica se asomaría a un escenario histórico donde los políticos perderán el monopolio de la decisión legislativa y será el pueblo, mediante su voto directo, quien decrete el destino final de las pensiones que ha construido durante toda su vida laboral.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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