La Asamblea Legislativa discutirá la reforma a la Ley de Radio que impone un nuevo canon a televisoras, el cual podría poner en riesgo la señal abierta.

Congreso retoma polémica reforma a la Ley de Radio: Televisoras advierten sobre el riesgo de cierre por nuevo canon

El panorama de los medios de comunicación en Costa Rica se encuentra ante una de sus encrucijadas más críticas de las últimas décadas. Este jueves 27 de agosto de 2026, el Plenario de la Asamblea Legislativa tiene programado retomar la discusión del expediente 24.461, un proyecto que plantea una profunda reforma a la Ley de Radio de 1954. El eje central y más controversial de esta iniciativa es la actualización del canon que deben pagar las emisoras de radio y los canales de televisión por el derecho de uso y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, un bien de dominio público administrado por el Estado.

La propuesta original, impulsada por el Poder Ejecutivo desde julio de 2024, se sustenta en el argumento oficialista de que las tarifas actuales han permanecido congeladas y desactualizadas durante muchísimo tiempo, lo que impide al Estado percibir una retribución justa por la explotación comercial de este recurso limitado. Sin embargo, la fórmula de cobro planteada ha encendido las alarmas en todo el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, generando un intenso debate sobre el delicado equilibrio entre la recaudación fiscal y la viabilidad operativa de las empresas periodísticas que garantizan la pluralidad de voces en la democracia costarricense.

El nuevo esquema progresivo y el destino de los millonarios fondos

El texto que actualmente se encuentra bajo el escrutinio de los legisladores propone un modelo de cobro escalonado y progresivo que se calcula directamente sobre los ingresos brutos anuales de las empresas vinculadas al uso de estas frecuencias. Para el caso específico de la televisión abierta, el proyecto establece una base exenta para aquellas operaciones que reporten ingresos hasta por 130 salarios base. A partir de ese umbral, las tarifas se disparan: el exceso entre 130 y 216 salarios base pagará un 4,39%; el tramo entre 216 y 1.298 salarios base tributará un 6,17%; y cualquier monto que supere los 1.298 salarios base estará sujeto a una tasa máxima del 7,73%.

En el caso de las radioemisoras, aunque la afectación también es significativa, el texto fija una tarifa máxima del 3,13% sobre sus ingresos brutos, elevando el umbral de exención de 100 a 130 salarios base. En cuanto a la distribución del dinero recaudado, la legislación dicta que el 50% de estos fondos se dirigirá al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para fortalecer la administración y supervisión técnica del espectro. El 50% restante será inyectado al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, un mecanismo administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Televisoras alzan la voz frente a un cobro catalogado de “desproporcionado”

La reacción del sector privado no se ha hecho esperar ante lo que consideran una amenaza inminente para la subsistencia de sus operaciones. Televisora de Costa Rica, operadora de Canal 7, emitió un contundente pronunciamiento donde asegura estar completamente de acuerdo con la necesidad de actualizar los montos hacia el Estado, pero exige que se realice bajo criterios estrictamente técnicos, racionales y proporcionales. La empresa advirtió que gravar la operación con un pago anual de hasta un 7,73% sobre los ingresos brutos resulta ser una medida asfixiante y confiscatoria.

Los directivos de la televisora han sido enfáticos al señalar que actualmente no existe ninguna otra actividad económica en el territorio nacional que esté sometida a una carga tributaria equivalente sobre sus ingresos brutos, añadiendo que no hay referentes internacionales de países democráticos que apliquen cobros de esta magnitud por el mismo concepto. La principal preocupación radica en el impacto social de esta medida: la televisión abierta es un pilar fundamental que garantiza el derecho a la información gratuita para cientos de miles de ciudadanos en condición de vulnerabilidad socioeconómica, quienes no pueden costear servicios de televisión por cable o conexiones de internet de alta velocidad.

Trámite legislativo complejo y serias advertencias internacionales

El camino de este proyecto en el Congreso ha estado marcado por giros reglamentarios. Aunque el 27 de julio el expediente había sido aprobado en primer debate con un contundente apoyo de 52 votos a favor, el Plenario decidió posteriormente dejar sin efecto esa votación. Mediante la aplicación del artículo 148 bis del Reglamento Legislativo, el proyecto fue retrotraído a la etapa de primer debate para someterlo a modificaciones estructurales. El 10 de agosto se consolidó un nuevo texto, pero aún restan mociones de fondo por discutir. Para abrirle espacio a este tema, los diputados aprobaron suspender una sesión dedicada a las jornadas 4×3 y priorizar una agenda de 14 proyectos donde destaca este expediente.

La controversia ha trascendido las fronteras nacionales. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han emitido comunicados expresando su profunda preocupación. Estos entes internacionales advierten que la imposición de un canon tan elevado podría vulnerar gravemente el pluralismo mediático y forzar el cierre de medios de comunicación, lesionando el derecho de la ciudadanía a estar informada. Mientras las televisoras evalúan alternativas para preservar sus operaciones e independencia, la decisión final recae ahora en las curules de la Asamblea Legislativa.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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