La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la reforma que actualiza el canon de radio y televisión, cobrando según ingresos brutos.

Congreso aprueba en primer debate la histórica reforma que actualiza el canon de radio y televisión

En un paso trascendental hacia la modernización del Estado y la justicia tributaria, un total de 48 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en primer debate la reforma a la Ley de Radio. Esta iniciativa, impulsada con determinación por el Gobierno de la República, actualiza de manera integral el canon que pagan las empresas concesionarias por la explotación comercial de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Con este contundente respaldo multipartidista, que incluyó a fracciones como Pueblo Soberano (PPSO), el Frente Amplio y la mayoría de Liberación Nacional (PLN), el país se acerca a poner fin a un modelo de cobro obsoleto que ha permanecido sin modificaciones sustanciales durante más de 70 años.

El proyecto gubernamental representa un cambio de paradigma en la administración de los bienes de dominio público. Atrás quedará el anacrónico sistema de cobros fijos e irrisorios que permitía a grandes corporaciones mediáticas explotar el espectro pagando sumas simbólicas. La nueva legislación sustituye este modelo por un gravamen anual, progresivo y escalonado, calculado estrictamente sobre los ingresos brutos que obtienen los concesionarios derivados del aprovechamiento de dichas frecuencias, garantizando que quienes más lucran con un recurso del Estado, paguen una retribución justa a la sociedad costarricense.

El fin de los privilegios: De tarifas absurdas a un canon proporcional

Para comprender la magnitud de esta reforma, es imperativo analizar la legislación vigente. En la actualidad, las radiodifusoras de onda larga pagan entre ₡1.000 y ₡3.000 anuales. Las estaciones internacionales de onda corta cancelan apenas ₡1.500, y determinadas estaciones privadas abonan la increíble suma de entre ₡100 y ₡500. En el caso de las grandes cadenas de televisión nacional, el pago anual ronda los ₡120.000. Estas cifras, que datan de mediados del siglo XX, resultan insostenibles y lesivas para las finanzas públicas en pleno 2026. Este avance legislativo surge, además, tras la fallida subasta de frecuencias impulsada previamente por la administración, un proceso que la Sala Constitucional había declarado inviable, obligando al Ejecutivo a buscar esta vía de reforma legal directa.

La nueva estructura de cobro utiliza como base el salario de un Administrador 1 del Servicio Civil (actualmente ₡348.650). Para las radioemisoras, las tarifas se escalonan desde un 1,51% (para ingresos entre 130 y 216 salarios base) hasta un máximo del 3,13% para aquellas que superen los 1.298 salarios base (más de ₡452 millones). En el sector de la televisión, donde se concentran los mayores márgenes de ganancia comercial, el escalafón inicia en un 4,39% y alcanza un tope del 7,73% para los ingresos brutos superiores a los 1.298 salarios base.

Protección a pequeños medios y el frágil argumento de la oposición

A pesar de la abrumadora mayoría a favor, el proyecto enfrentó la resistencia de un sector minoritario. Diputadas como Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (CAC), junto a Salvador Padilla (PLN), votaron en contra. Gordienko llegó a afirmar que la ley sacrificaría a los “medios pequeños” y que representaba “el primer paso para acallar a las voces independientes”, un discurso que hace eco de las quejas de cámaras empresariales como Canara y Canartel.

Sin embargo, un análisis riguroso del texto aprobado desmiente categóricamente estas afirmaciones. La reforma fue diseñada con un enfoque de equidad que protege deliberadamente a los actores más vulnerables del espectro. El proyecto establece de forma explícita que cualquier concesionario (de radio o televisión) cuyos ingresos brutos anuales no superen los 130 salarios base (aproximadamente ₡45.324.500) estará completamente exento del pago del nuevo canon. Es decir, los medios pequeños, comunitarios y regionales que no alcancen esta millonaria facturación no pagarán absolutamente nada bajo este nuevo esquema.

Asimismo, la ley blinda a las emisoras de corte social. Quedan exoneradas las personas jurídicas sin fines de lucro, entidades religiosas, estaciones con declaratoria cultural, universidades públicas y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Frente a estos datos duros, el argumento de que el Gobierno busca “silenciar voces” pierde todo sustento técnico y revela una defensa velada de los intereses financieros de las grandes corporaciones mediáticas, que son las únicas que realmente se verán obligadas a tributar en los escalones más altos de la tabla.

Con la aprobación de este primer debate, la iniciativa queda a las puertas de convertirse en ley de la República. El texto definitivo deberá ser votado en segundo y último debate el próximo 3 de setiembre, fecha en la que el Congreso tendrá la oportunidad histórica de sellar una reforma que devuelve el equilibrio económico al uso de las frecuencias nacionales, demostrando que ningún sector comercial está por encima de la justa contribución al Estado.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

See Full Bio