Miles de estudiantes marchan hacia la Asamblea Legislativa ante la falta de acuerdo por el FEES 2027. La FEUNA exige proteger becas y cupos universitarios.

Miles de estudiantes marchan a la Asamblea Legislativa ante la falta de acuerdo por el FEES 2027

La tensión entre el Gobierno de la República y el sector universitario público de Costa Rica alcanza un nuevo punto álgido este martes 1.º de septiembre de 2026. Ante el estancamiento de las negociaciones y la ausencia de un acuerdo definitivo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2027, miles de estudiantes han decidido tomar las calles de la capital. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) ha confirmado su participación protagónica en la gran marcha nacional, una movilización convocada de manera conjunta por las representaciones estudiantiles de todas las universidades públicas del país, cuyo destino final es presionar a los legisladores en el primer poder de la República.

La ruta de la protesta ha sido trazada estratégicamente. Las columnas estudiantiles iniciarán su recorrido a partir de las 3:00 p.m. desde la emblemática Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca, avanzando por las principales arterias viales hasta llegar a las puertas de la Asamblea Legislativa en el centro de San José. La elección de este destino y de esta fecha no es una simple casualidad; precisamente este martes el Poder Ejecutivo presenta ante el Congreso el proyecto oficial del Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027. Bajo el lema unificado de “Defendamos la educación, defendamos Costa Rica”, la convocatoria ha logrado articular a las federaciones de la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El conflicto por el FEES 2027 y el estancamiento de las negociaciones técnicas

El origen de esta masiva movilización ciudadana radica en el profundo fracaso de la Comisión de Enlace. Las conversaciones formales entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas concluyeron abruptamente y sin consenso el pasado 21 de abril. La propuesta inamovible del Gobierno central consistió en aplicar un congelamiento virtual de los recursos, planteando mantener para el 2027 exactamente los mismos ₡593.484 millones que fueron asignados en el presupuesto del 2026. Ante este escenario, que no contempla la inflación proyectada ni el aumento generalizado en el costo de vida, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y las representaciones estudiantiles solicitaron un incremento mínimo del 2,94 % para garantizar la operatividad básica de las instituciones.

A este complejo y tenso panorama financiero se suma un reclamo histórico que las universidades arrastran desde el ciclo anterior. Existe un monto pendiente de ₡11.521 millones correspondiente al incremento presupuestario del FEES 2025 que las casas de enseñanza superior nunca recibieron por parte del Estado costarricense. Las profundas diferencias en torno a los montos y la negativa del Ejecutivo a ceder en sus posturas han provocado que la discusión presupuestaria abandone definitivamente las mesas de diálogo técnico y se traslade de manera obligatoria al ámbito político y legislativo, donde los diputados tendrán la última palabra durante el riguroso proceso de análisis, modificación y votación del Presupuesto Nacional.

El impacto directo del presupuesto en las becas y la regionalización

Para la representación estudiantil, el debate presupuestario no se reduce bajo ninguna circunstancia a una simple disputa abstracta por porcentajes y cifras macroeconómicas, sino que se traduce en consecuencias humanas y sociales inmediatas. Daniela Chaves Matamoros, presidenta de la FEUNA, ha sido enfática al señalar que la discusión define las condiciones reales bajo las cuales miles de jóvenes podrán continuar su formación profesional el próximo año. Para instituciones clave como la UNA, un congelamiento de los recursos pone en grave e inminente riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de becas socioeconómicas, los servicios estudiantiles complementarios, los programas de regionalización, la investigación científica y las vitales iniciativas de extensión comunitaria.

El impacto de un presupuesto deficitario golpea con mucha mayor fuerza a los sectores económicamente más vulnerables de la sociedad. Cuando el presupuesto asignado por el Estado no crece al mismo ritmo que las necesidades operativas de la universidad, el recorte se siente directamente en los pilares que permiten la permanencia del estudiante en las aulas. Rubros críticos como las becas, los subsidios de alimentación, el transporte universitario, el mantenimiento de residencias y los servicios de apoyo académico son los primeros en sufrir las consecuencias. La advertencia lanzada por los líderes estudiantiles es sumamente clara: quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad son los primeros que podrían quedar excluidos de las aulas.

Esta preocupación adquiere una relevancia superlativa para la Universidad Nacional debido a su amplia huella geográfica y su fuerte presencia operativa en las distintas regiones rurales, costeras y fronterizas del país. Mediante su red de campus, sedes y secciones regionales, la UNA ha logrado democratizar históricamente las oportunidades de acceso a la educación. Sin embargo, operar sedes alejadas del Gran Área Metropolitana requiere de una inversión constante. Un recorte amenazaría con paralizar el crecimiento de estas sedes, limitando drásticamente las oportunidades de desarrollo para las juventudes rurales que ven en la universidad pública su principal herramienta de movilidad social ascendente.

La Asamblea Legislativa asume el control del debate definitivo

Con la contundente movilización de este martes, las federaciones estudiantiles buscan trasladar la urgencia y el peso político de sus demandas al único poder de la República que actualmente tiene la capacidad constitucional de modificar el rumbo de las finanzas. El objetivo primordial de la marcha es plantar bandera frente al plenario legislativo y exigir a las distintas fracciones políticas que garanticen los recursos necesarios para la educación pública. El movimiento estudiantil demanda que los legisladores asuman su responsabilidad histórica y comprendan, a través de la presión popular, que invertir en la formación de profesionales no es un gasto que pueda reducirse arbitrariamente sin desencadenar graves consecuencias.

El llamado de atención a los diputados es sumamente directo y apela a la historia de la propia institucionalidad nacional. La presidencia de la FEUNA recordó de manera contundente a los legisladores que el sistema de educación pública ha sido el principal motor del desarrollo nacional durante más de medio siglo. Muchas de las curules que hoy ocupan los representantes populares están ocupadas por profesionales cuyas historias de éxito fueron posibles únicamente gracias al acceso a las aulas de las universidades públicas. En este sentido, la defensa del FEES se plantea no solo como una lucha administrativa por fondos, sino como la defensa irrestricta de un modelo de país basado en la equidad y la igualdad de oportunidades.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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