La indagatoria a la exdiputada Pilar Cisneros fue reprogramada a solicitud de la defensa por motivos de salud y el voluminoso expediente del caso.

Ministerio Público confirma aplazamiento de la indagatoria a la exdiputada Pilar Cisneros por motivos de salud y volumen del expediente

El proceso judicial vinculado al caso de financiamiento paralelo de la campaña política de 2022 ha experimentado un nuevo giro procedimental tras la comparecencia programada para este viernes. El Ministerio Público confirmó que la diligencia de declaración indagatoria prevista para la señora Cisneros no pudo llevarse a cabo en su fondo, limitándose únicamente al levantamiento de datos previos y de identificación. La suspensión temporal del acto procesal se originó formalmente a petición conjunta del equipo legal defensor y la propia imputada, quienes argumentaron motivos de salud, así como la necesidad imperativa de analizar a profundidad la abrumadora complejidad y el gigantesco volumen de la prueba acumulada en el sumario.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades judiciales, el expediente principal supera los 5.000 folios de investigación fiscal, a los cuales se suman otros 12.000 folios contenidos en el informe técnico remitido originalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Además de esta copiosa documentación escrita, el dossier procesal incluye una densa cantidad de evidencia de carácter digital que la defensa tiene el derecho irrestricto de examinar para garantizar una adecuada estrategia técnica. Ante este panorama operativo, la fiscalía accedió a reprogramar la diligencia para una fecha posterior, permitiendo que la exlegisladora pueda imponerse cabalmente de todas las probanzas y cargos que constan en su contra dentro de la causa.

La aclaración sobre la alerta migratoria y el contacto infructuoso

Uno de los puntos centrales abordados por el Ministerio Público durante su rendición de cuentas ante la opinión pública giró en torno a la polémica generada por la emisión de una alerta migratoria. Las autoridades explicaron que dicha medida preventiva se solicitó exclusivamente debido a que los intentos previos de notificación formal habían resultado infructuosos. En medio de las gestiones operativas, se estableció contacto telefónico con el número residencial de la vivienda de la imputada, donde una persona que se identificó como su esposo indicó que ella se encontraba fuera del territorio nacional.

Ante la imposibilidad de ubicarla físicamente para hacer entrega de la respectiva citación judicial, la fiscalía recurrió al mecanismo migratorio con un objetivo muy específico: contar con un aviso automatizado que alertara a los cuerpos de control en el momento exacto en que la ciudadana ingresara o saliera del país, facilitando así la entrega material del documento de comparecencia. El órgano acusador fue enfático en desmarcarse de cualquier lectura de persecución política o retaliación institucional, recordando que las pesquisas no nacen de un capricho fiscal, sino de una denuncia formal remitida en su momento por el Tribunal Supremo de Elecciones tras los comicios presidenciales.

Rechazo categórico al show mediático y llamado al debido proceso

Visiblemente molestas por el manejo informativo que ha rodeado el caso, las autoridades del Ministerio Público lamentaron profundamente la filtración maliciosa y anticipada de la solicitud de alerta migratoria, la cual desató un innecesario despliegue de especulación pública. La fiscalía recordó que en el marco de esta misma causa penal ya se ha procedido a indagar a otras tres personas y se han tomado datos de una cuarta, destacando que en ninguna de aquellas diligencias anteriores se generó este tipo de eventos comunicacionales o presiones externas, manejándose todo bajo rigurosos estándares de discreción profesional y apego al derecho.

El ente fiscal reiteró que la investigación se ha conducido bajo estrictos criterios de objetividad institucional, señalando que a la señora Cisneros se le investiga por su presunta vinculación en los hechos indagados con el fin de que ejerza plenamente su derecho constitucional de defensa. Con la reprogramación de la audiencia, el proceso entra en una pausa técnica a la espera de que la defensa concluya la revisión de las miles de páginas del expediente, reafirmando que el sistema de justicia continuará su curso ordinario al margen de las disputas partidarias y las reacciones mediáticas que polarizan la discusión nacional.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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