Laura Fernández frena un millonario recorte al Poder Judicial y advierte que no será su chivo expiatorio de errores. Conozca las nuevas condiciones.
“No seré su chivo expiatorio”: Laura Fernández frena megarecorte al Poder Judicial pero impone estrictas condiciones
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sumó un nuevo y álgido capítulo en Costa Rica. En una contundente cadena nacional difundida recientemente, la presidenta de la República, Laura Fernández, abordó de manera frontal la polémica generada por los recortes presupuestarios que amenazaban con paralizar a los cuerpos de seguridad judicial. La mandataria frenó en seco una reducción millonaria originalmente planteada por el Ministerio de Hacienda, pero aprovechó el espacio para lanzar duras críticas institucionales, advirtiendo categóricamente que no permitirá convertirse en el chivo expiatorio de la crisis administrativa de la Corte Suprema.
El mensaje presidencial desmintió los señalamientos de varios jerarcas judiciales que culpaban al actual gobierno por la supuesta imposibilidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para perseguir a los delincuentes a partir del próximo mes de diciembre. “No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial… ¿Estos problemas que llevan años son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, sentenció Fernández de manera enérgica ante los medios de comunicación. La presidenta aseguró a las autoridades policiales que sí contarán con los recursos necesarios para armas y chalecos antibalas, calificando de “irresponsables” las declaraciones previas que sugerían que tendrían que “tirarles piedras a los delincuentes”.
La reducción presupuestaria: De 27 mil a 11 mil millones
En el aspecto puramente financiero, Fernández reveló que, aunque el Ministerio de Hacienda había comunicado inicialmente la necesidad de aplicar una reducción de 27.000 millones de colones para el presupuesto judicial del año 2027, ella giró una instrucción directa para frenar dicho recorte masivo. “Di la instrucción de que la disminución solicitada sea solamente de 11.000 millones; la reducción que se les aplicará es de apenas un 1.2%”, explicó la mandataria nacional.
No obstante, la presidenta fue sumamente enfática al señalar que esta decisión administrativa no representa una aparición mágica de fondos ni una respuesta complaciente a la Corte Suprema de Justicia. El hueco financiero será asumido con gran esfuerzo por las demás instituciones bajo el mando directo del Poder Ejecutivo. A cambio de este ajuste salvador, Fernández exigió con firmeza que el Poder Judicial rinda cuentas claras al pueblo costarricense, cuestionando abiertamente lo que calificó como verdaderos “gastos exorbitantes”. Como ejemplo clave, señaló el polémico alquiler del edificio de la Sala Constitucional, un inmueble al que asiste apenas el 20% de los empleados, pero cuyo costo mensual pasó de 102.000 dólares en 2017 a 122.000 dólares desde el 2024.
Tres requisitos innegociables para la liberación de los fondos
Bajo la premisa y el estandarte de liderar un “gobierno gerencial”, Laura Fernández anunció que los recursos financieros no se entregarán de manera automática y a ciegas al Poder Judicial, sino que serán liberados en tractos estrictamente condicionados al cumplimiento obligatorio de tres pasos fundamentales:
- Que las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial, administrado activamente en el Banco de Costa Rica, sean evaluadas a fondo por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
- Que la Contraloría General de la República certifique oficialmente el cumplimiento total de las disposiciones emitidas por sus propias auditorías sobre dichas obras públicas.
- El paso más importante, según palabras textuales de la presidenta: Que sea la propia Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Ingreso y Gasto y posteriormente el Plenario, quien autorice formalmente al Ministerio de Hacienda a liberar los fondos basándose exclusivamente en el desempeño y los resultados mostrados.
Para Fernández, la evaluación legislativa deberá centrarse indefectiblemente en indicadores críticos como la mora judicial, las pifias y errores sistemáticos de la Fiscalía, la impunidad creciente y los inaceptables casos de corrupción a lo interno del Poder Judicial. “Lo que atenta contra la democracia no es mi gobierno, sino que el Poder Judicial no quiera darle cuentas claras al pueblo por lo que hace mal ni por lo que gasta”, concluyó la mandataria, reiterando con vehemencia que la culpa de la crisis institucional recae sobre sus propios magistrados y jerarcas, quienes no podrán usar al Ejecutivo como escudo protector.
Con información para STAY TV: STAY TV
Fuente Consultada: Declaraciones en cadena nacional de la presidenta Laura Fernández y reportes del diario digital Infobae sobre el presupuesto del Poder Judicial en Costa Rica (14 de septiembre de 2026).
