La fracción del Frente Amplio califica como insuficiente el ajuste presupuestario al Poder Judicial y advierte sobre su impacto en la seguridad nacional. https://youtu.be/mVXaxV0idpU
Frente Amplio califica de insuficiente el alivio al Poder Judicial y denuncia condiciones politiqueras del Gobierno
La fracción legislativa del partido Frente Amplio ha sentado una postura contundente y sumamente crítica respecto al reciente anuncio emitido por la Presidencia de la República sobre el presupuesto nacional. Luego de que el Poder Ejecutivo diera marcha atrás parcial con el megarecorte inicialmente planteado para el sistema de administración de justicia, la agrupación política advirtió que la medida sigue sin ser una buena noticia para el país. A criterio de la bancada opositora, el ajuste financiero comunicado desde Zapote representa únicamente un “arreglo parcial” que no soluciona el problema de fondo, manteniendo vigente un recorte millonario que terminará afectando gravemente la operatividad de los tribunales y, en consecuencia, la seguridad ciudadana de todos los costarricenses si no se detiene y corrige a tiempo en el plenario legislativo.
El diputado Antonio Trejos, fungiendo como vocero oficial y transmitiendo la posición íntegra de la fracción parlamentaria, desmenuzó las implicaciones reales que tendrá esta limitación de fondos. El legislador fue enfático al señalar que, más allá de la leve reducción en el tijeretazo fiscal, el Gobierno Central está imponiendo una serie de condiciones políticas, a las cuales calificó directamente como “politiqueras”. Según el análisis jurídico y político de la agrupación, estas exigencias impuestas desde el Ejecutivo no se adecúan de ninguna manera al marco legal establecido, riñen con la Constitución Política costarricense y atentan contra las buenas prácticas que rigen la independencia de los poderes de la República, amarrando la entrega de recursos a dinámicas ajenas a la urgencia operativa de los cuerpos policiales.
El Frente Amplio advierte sobre el freno a la morgue judicial y la parálisis tecnológica
Uno de los puntos más sensibles expuestos por el Frente Amplio es el impacto territorial y humano que sufrirá la institucionalidad forense. Trejos denunció que a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a los fiscales y a los jueces de la República se les está impidiendo hacer su trabajo de manera digna y eficiente. Específicamente, detalló que se están recortando recursos absolutamente estratégicos destinados a la construcción y equipamiento de una nueva morgue judicial en la Zona Sur del país, un proyecto vital que se ubicaría en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Esta obra es considerada de extrema urgencia para evitar el doloroso y costoso traslado de cuerpos hasta el complejo forense en Heredia, por lo que su paralización representa un golpe directo a las poblaciones más vulnerables de la región Brunca.
Aunado a la crisis de infraestructura forense, la agrupación de izquierda expuso una profunda contradicción gubernamental en materia de modernización digital. El recorte presupuestario merma drásticamente la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para adquirir y actualizar sistemas operativos esenciales. La paradoja radica en que el mismo Gobierno Central, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), le exige al sistema judicial mantener licencias de software de alto nivel para garantizar la ciberseguridad institucional. Sin estos fondos, se pone en altísimo riesgo la realización de audiencias virtuales, una herramienta tecnológica indispensable que actualmente le ahorra ingentes cantidades de dinero, traslados y tiempo valioso a miles de costarricenses que exigen una justicia pronta y cumplida en todo el territorio nacional.
Asfixia táctica al OIJ y el urgente llamado al diálogo interinstitucional
La denuncia legislativa también abarcó el crítico escenario táctico y operativo que enfrentan los cuerpos de choque. En medio de una de las crisis de criminalidad más complejas en la historia de Costa Rica, la falta de inyección financiera recorta severamente la capacidad del Estado para atender al crimen organizado a través de operativos de allanamiento e interdicción. Las partidas cercenadas afectan de manera directa la compra de equipo de seguridad vital y de uso obligatorio para los agentes en las calles, lo que incluye la renovación urgente de chalecos antibalas, la adquisición de municiones y la modernización de la flotilla vehicular y el equipo de transporte especializado del OIJ.
Ante este adverso y preocupante panorama de estrangulamiento institucional, la fracción parlamentaria lanzó un vehemente llamado a la sensatez y a la responsabilidad política. “Al Poder Judicial hay que ponerlo a trabajar y hay que renovarlo, y para eso se necesitan recursos reales, buena voluntad política y capacidad de diálogo constructivo”, sentenció el diputado Trejos en su intervención pública. Ese es exactamente el estándar mínimo de madurez gerencial que la bancada opositora le requiere de forma urgente al Poder Ejecutivo, asegurando que desde las curules de la Asamblea Legislativa existe la total apertura y disposición para facilitar los puentes necesarios y garantizar que la justicia no se detenga por cálculos financieros o rencillas políticas pasajeras.
Con información para STAY TV: STAY TV
Fuente Consultada: Declaraciones oficiales del diputado Antonio Trejos y pronunciamiento formal de la fracción legislativa del partido Frente Amplio sobre el presupuesto del Poder Judicial en Costa Rica (septiembre de 2026).
