El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, defiende el presupuesto del Poder Judicial y advierte sobre el grave impacto en la seguridad ciudadana.
Orlando Aguirre defiende el presupuesto del Poder Judicial y rechaza la intromisión administrativa del Gobierno
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La crisis institucional entre los supremos poderes del Estado costarricense ha sumado un nuevo y determinante capítulo. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, ha emitido un pronunciamiento categórico para alertar a la ciudadanía sobre las implicaciones directas que tendrá la nueva política fiscal del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto del sistema de administración de justicia. En un mensaje contundente y directo, el jerarca advirtió que las restricciones y candados administrativos impuestos desde la administración central no solo atentan contra la independencia judicial, sino que amenazan con paralizar servicios vitales en medio de la peor crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país en su historia reciente.
El máximo líder del Poder Judicial inició su intervención desmintiendo frontalmente las narrativas políticas que sugieren un supuesto descontrol financiero o un despilfarro sistemático a lo interno de la institución. Aguirre recordó enfáticamente que la Corte siempre ha rendido cuentas de manera transparente y está sometida, por estricto mandato constitucional, a la fiscalización permanente de la Contraloría General de la República (CGR), así como a exhaustivas auditorías internas y externas. Para respaldar su afirmación con datos concretos, el magistrado subrayó que la ejecución anual de sus recursos supera de forma sostenida el 95%, demostrando un cumplimiento riguroso de las normas fiscales vigentes y de las complejas disposiciones de la nueva legislación en materia de empleo público.
La diferencia legal entre fiscalizar y condicionar el presupuesto público
Para el presidente de la Corte, el verdadero problema de fondo no radica en la exigencia de transparencia, sino en un intento inédito de intromisión burocrática impulsado por el Gobierno. Según explicó detalladamente Aguirre, se pretende establecer de manera exclusiva y discriminatoria para el Poder Judicial una serie de engorrosos requisitos previos para poder utilizar parte de los recursos que ya le fueron formalmente asignados y aprobados por ley. Esta nueva formulación exige que, para liberar los fondos, se deba pasar por un laberinto de trámites que involucran aprobaciones de una comisión de la Asamblea Legislativa, votaciones en el plenario y, finalmente, el aval del Ministerio de Hacienda.
En este punto del debate, el magistrado marcó una línea roja conceptual y constitucional infranqueable. Aclaró que “fiscalizar” significa comprobar, de forma técnica y objetiva, que los recursos del Estado se utilicen correctamente y conforme a la ley; una función que el Estado ya ejerce a cabalidad. Por el contrario, condicionar políticamente cuándo pueden utilizarse, cómo deben reorganizarse las partidas o qué plazas operativas pueden habilitarse, constituye una intervención administrativa directa de un poder de la República sobre otro. Esta dinámica, argumentó, lesiona gravemente la independencia que consagra la Constitución Política y somete el accionar de la justicia a los vaivenes, intereses y presiones de la agenda político-electoral del momento.
Riesgo inminente para el OIJ, la protección de víctimas y los tribunales
Aguirre fue sumamente enfático al señalar que esta férrea defensa institucional no busca proteger supuestos privilegios de las altas jerarquías, ni mucho menos defender gastos innecesarios o gollerías. El objetivo central de su postura es garantizar que el sistema judicial tenga la capacidad operativa real y oportuna para utilizar sus fondos cuando la urgencia criminal lo amerite. En la encarnizada lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el tiempo es un factor de vida o muerte. Si los recursos financieros no están disponibles en caja de manera expedita cuando se necesitan, las graves e irreparables consecuencias recaen directamente sobre los ciudadanos, quienes quedan en un peligroso estado de indefensión ante la violencia transnacional.
El congelamiento o condicionamiento de estos giros económicos impactaría el corazón operativo del país. El presidente de la Corte enumeró las áreas críticas que quedarían vulnerables: las investigaciones complejas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la actualización constante de tecnología forense e investigativa, el mantenimiento ininterrumpido de los programas de atención y protección de víctimas y testigos en alto riesgo, y el funcionamiento cotidiano de los tribunales a nivel nacional. Estos servicios son el pilar fundamental para administrar justicia, dictar sentencias firmes y combatir la rampante impunidad que tanto lastima y preocupa a la sociedad costarricense en la actualidad.
La defensa de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos
A modo de conclusión, Orlando Aguirre hizo un llamado a la reflexión nacional sobre el verdadero fondo de esta histórica disputa institucional. Para el alto magistrado, el debate público no debe centrarse únicamente en discutir cuánto dinero se le asigna a la Corte en el papel de la ley, sino sobre cuándo la institución puede realmente disponer de esos recursos líquidos y qué grado de autonomía tiene para invertirlos estratégicamente frente a las crisis. Someter la operatividad de los jueces, peritos y fiscales al ritmo burocrático y a la voluntad política de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda representa un riesgo institucional incalculable para el orden público, la paz social y la separación de poderes.
Por lo tanto, el máximo jerarca judicial sostiene que cuando la Corte Suprema alza la voz para defender su capacidad financiera y su autonomía de gestión, lo que verdaderamente está haciendo es defender la capacidad instalada del Estado costarricense para brindar justicia imparcial. El mensaje emitido es claro y contundente: resguardar el dinero de la Corte es el equivalente exacto a proteger la seguridad ciudadana y garantizar los derechos constitucionales de toda la población frente a cualquier amenaza, ya sea proveniente del crimen organizado o de la asfixia institucional originada por motivos políticos.
Con información para STAY TV: STAY TV
