Prodhab y la OCF firman convenio para educar a los consumidores financieros sobre la protección de sus datos personales y prevenir estafas electrónicas.

Alianza contra el fraude: Prodhab y OCF unen fuerzas para proteger los datos de los consumidores financieros

El manejo de la información personal en el sistema financiero costarricense enfrentará un escrutinio mucho más riguroso y preventivo. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) formalizaron una alianza estratégica orientada a dotar a la ciudadanía de herramientas legales que les permitan defenderse ante el uso indebido de sus registros y la creciente ola de estafas electrónicas que golpea al país.

En la actualidad, desde la simple apertura de una cuenta bancaria hasta la ejecución de transferencias mediante aplicaciones móviles, los usuarios entregan un volumen masivo de información altamente sensible. Estos datos son constantemente recopilados, almacenados, transferidos y perfilados por las entidades que ofrecen productos crediticios. El acuerdo suscrito este mes de setiembre de 2026 busca precisamente frenar la vulnerabilidad del cliente frente a este intercambio constante, pasando de una protección puramente teórica en el papel a una defensa práctica en su día a día.

El consumidor como primera línea de defensa

El director nacional de la Prodhab, David Rodríguez, fue enfático en señalar que la legislación por sí sola resulta insuficiente si el ciudadano desconoce sus mecanismos de acción frente a los abusos. “La protección de datos personales comienza por una ciudadanía informada. No basta con que las personas tengan derechos reconocidos en una ley; necesitamos que conozcan cuáles son, cuándo pueden ejercerlos y ante quién pueden acudir”, advirtió el jerarca institucional.

Por su parte, la OCF advierte sobre la sensibilidad extrema que maneja este sector en específico. Danilo Montero, director general de la entidad, explicó que cuando un usuario utiliza un servicio financiero, no se limita a ejecutar un simple pago o solicitar un crédito, sino que abre una ventana directa a su intimidad patrimonial e historial económico. Esta exposición exige que los bancos, cooperativas y financieras apliquen estándares de diligencia máxima.

“Necesitamos pasar de una visión en la que la protección se percibe como un tema exclusivamente jurídico o técnico, a una en la que las personas comprendan que se trata de un derecho que tiene implicaciones muy concretas en su vida diaria”, detalló Montero. La alianza permitirá estructurar talleres, campañas de sensibilización y material didáctico para que el usuario deje de ser un sujeto pasivo frente a los contratos de adhesión.

Freno a los abusos en gestiones de cobro

Uno de los frentes de acción más urgentes abordados por esta iniciativa es la erradicación de prácticas abusivas en la recuperación de morosidad. Recientemente, la Prodhab emitió una directriz específica sobre el tratamiento de datos personales en las gestiones de cobro. Esta normativa impone límites estrictos a los bufetes y agencias de cobranza, prohibiendo categóricamente el acoso telefónico a terceras personas (como familiares, vecinos o referencias laborales) que no fungen como fiadores solidarios.

El uso de bases de información obtenidas de forma ilícita para presionar psicológicamente el pago de deudas se ha convertido en una de las quejas más recurrentes entre los consumidores. Con la nueva alianza interinstitucional, se busca que la ciudadanía sepa exactamente cómo frenar estas llamadas y dónde interponer las denuncias respectivas para que la entidad cobradora enfrente las multas de ley.

El desafío de las tecnologías emergentes

El ecosistema financiero avanza a un ritmo vertiginoso, y la adopción de tecnologías emergentes añade nuevas capas de riesgo. En la actualidad, las plataformas procesan la huella digital de los usuarios mediante algoritmos que determinan si son aptos para un crédito o si representan un riesgo financiero. Este proceso ocurre a menudo sin un consentimiento explícito, transparente e informado por parte del cliente.

Más que un protocolo de buenas intenciones gubernamentales, la firma de este convenio representa una advertencia técnica para aquellas entidades que aún operan en zonas grises respecto al manejo de sus bases operativas. Al sumar las potestades sancionatorias de la Prodhab y la vasta experiencia de mediación de la OCF, Costa Rica da un paso crucial hacia la consolidación de una cultura de responsabilidad corporativa integral. El objetivo final es devolverle el control al ciudadano, asegurando que sus datos personales recuperen su valor como un derecho humano inalienable, y dejen de ser tratados como una simple mercancía comercializable en el ciberespacio.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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