Cinco sindicatos de salud desmienten a la CCSS sobre la crisis salarial, revelan fallos de la Sala IV en contra de la institución y lanzan ultimátum.

“Mienten con los datos”: Sindicatos desmienten a la CCSS por crisis salarial y amenazan con una huelga mayor

El conflicto laboral y financiero que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha tomado un giro de profunda confrontación institucional. Un bloque conformado por cinco de las principales organizaciones que representan a los trabajadores de la salud ha salido al paso para desmentir, de manera categórica, las cifras y declaraciones emitidas por las autoridades durante la conferencia de prensa del pasado 21 de septiembre. Los sindicatos acusan a la alta gerencia, y en particular a la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, de tergiversar la información real sobre la crisis de salarios impagos que afecta a la fuerza laboral a lo largo y ancho del país.

El bloque denunciante está integrado por el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE AFINES), el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS), el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la Federación Costarricense de Trabajadores de la Seguridad Social (FECTSALUD) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE). Para estas agrupaciones, la presión ejercida por la reciente huelga y la cobertura mediática obligó a la institución a admitir una problemática que inicialmente intentaban minimizar ante la opinión pública.

Contradicciones en las cifras y críticas a la jerarca

El principal punto de choque radica en la cantidad real de empleados de la salud que actualmente no perciben sus ingresos. Mientras la jerarca de la CCSS aseguró frente a las cámaras que los atrasos se limitaban a 482 trabajadores, los sindicatos señalan que esta cifra representa apenas una fracción mínima del colapso estructural. Según expuso Lenin Hernández Navas, secretario general del SINAE AFINES, las propias autoridades se contradijeron minutos después de dar esa cifra, al admitir de manera aislada que solo en el servicio de enfermería del Hospital México existían unas 1.600 gestiones de pago pendientes de resolución.

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“Las autoridades de la CCSS tratan de tergiversar la información al decir que son solo 482 los funcionarios afectados, será los que ellos tienen cuantificados, porque ni siquiera sabían que hasta a los médicos son afectados con la gestión del pago completo”, denunció Hernández. El dirigente escaló la crítica hacia el perfil profesional de la jerarca institucional, argumentando una falta de pericia técnica: “Tal pareciera que doña Mónica Taylor desconoce en lo absoluto la CCSS y no es para menos si viene del Ministerio de Hacienda y nunca ha trabajado en la Seguridad Social”.

Fallo de la Sala Constitucional desmiente versión oficial

Para fundamentar sus aseveraciones, las agrupaciones sindicales aportaron evidencia jurídica reciente y contundente. Según indicaron, la presidenta ejecutiva faltó a la verdad al asegurar públicamente que ningún funcionario del Hospital San Juan de Dios (HSJD) enfrentaba problemas salariales. De hecho, el mismo jueves 17 de septiembre, fecha del paro nacional, la Sala Constitucional emitió la resolución 2026035789, fallando a favor de una trabajadora de dicho centro médico que sufría la retención injustificada de sus ingresos.

El elemento más revelador de este expediente judicial es que las propias autoridades administrativas del HSJD tuvieron que reconocer, bajo la gravedad de juramento ante los magistrados, que efectivamente se han presentado severos atrasos en los pagos, señalando de forma directa a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE). Esta confesión legal choca frontalmente con el discurso de Mónica Taylor, quien horas antes había intentado desligar al cuestionado sistema informático de la crisis de remuneraciones.

Garantía de servicios vitales durante el paro de labores

Otro de los frentes que las organizaciones gremiales salieron a defender con vehemencia fue el comportamiento ético de sus afiliados durante la huelga. Rechazaron categóricamente las acusaciones oficiales que insinuaban que los servicios esenciales y de urgencias quedaron desprotegidos. Aclararon que la manifestación se realizó de forma estratégica en puntos específicos dentro de cada centro de salud, garantizando en todo momento la presencia de personal idóneo para atender a pacientes críticos.

Como ejemplo concreto, citaron el caso del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, desmintiendo el rumor de que un solo enfermero quedó a cargo del servicio. Explicaron que, ante la reducción de personal base, los propios dirigentes sindicales velaron por mantener la cobertura, exigiendo que los supervisores asumieran labores de atención directa al paciente durante las horas que duró la protesta.

Ultimátum sindical de cara al pago de los aguinaldos

Frente al compromiso público de la CCSS de finiquitar los problemas de planillas para la segunda bisemana de octubre, los sindicatos mantienen una postura de profunda vigilancia y escepticismo. El dirigente Lenin Hernández advirtió que es un asunto de extrema urgencia que los dineros adeudados se depositen y se reconozcan oficialmente antes de que los sistemas realicen el cálculo del aguinaldo de diciembre. “De lo contrario, habrá una huelga más grande que la de la semana anterior”, sentenció el representante laboral.

Para evitar un nuevo y paralizante choque, las agrupaciones sindicales enviaron una nota formal a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor. En el documento le exigen la declaratoria inmediata de un acuerdo de emergencia institucional. Como medidas obligatorias, los sindicatos demandan que se entregue a cada trabajador un documento oficial con el desglose exacto de lo adeudado y una fecha irrefutable de pago, además de exigir reportes gerenciales diarios sobre la resolución de los casos hasta que el último funcionario de la institución reciba la totalidad de su salario retenido.

Con información para STAY TV: STAY TV

FUENTES CONSULTADAS:

• Comunicado de prensa emitido por el bloque sindical (SINAE AFINES, SINASS, SIFUPCR, FECTSALUD, ANPE), CP-14-2026, con fecha del 22 de septiembre de 2026.

• Resolución de amparo N° 2026035789 dictada por la Sala Constitucional de la República de Costa Rica.

• Declaraciones de Lenin Hernández Navas, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES).

Diego Molina

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