¿Puede la Asamblea ignorar al Poder Judicial? La consulta que podría cambiarlo todo

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Constitucionalidad: Poder Judicial presenta consulta ante la Sala Constitucional por normas del presupuesto 2027.

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Constitucionalidad: Poder Judicial consulta presupuesto 2027

El Poder Judicial presentó este jueves una consulta legislativa institucional ante la Sala Constitucional, cuestionando las normas de ejecución presupuestaria del Presupuesto Ordinario del año 2027, aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado martes. La acción, en cumplimiento de un acuerdo de Corte Plena, busca frenar lo que la institución considera una afectación grave y deliberada al servicio de justicia. El director jurídico, Rodrigo Campos, explicó que la consulta se fundamenta en las preocupaciones de la Corte Suprema sobre el impacto de estas disposiciones en la operación del Poder Judicial y en los servicios que se brindan a la población.

“Esta consulta se funda en que tenemos graves preocupaciones en cuanto a lo que dispuso la Asamblea Legislativa el día martes respecto a las normas de ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario del año 2027”, declaró Campos en el video institucional compartido por el Poder Judicial.

Los vicios de procedimiento

Uno de los pilares de la consulta de constitucionalidad presentada por el Poder Judicial es la falta de consulta previa a la institución durante la formulación del proyecto de presupuesto. Según Campos, la Constitución Política exige que cuando se afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, se debe plantear la consideración ante la Corte Suprema de Justicia para que esta se manifieste al respecto, algo que, según su versión, no ocurrió.

“Planteamos que hay vicios de procedimiento en el tanto y el cuánto no se siguieron los procedimientos previos en la formulación del proyecto de presupuesto en cuanto a consultarle al Poder Judicial esas normas. Y de manera adicional, en el trámite propiamente de la Asamblea Legislativa, no se consultó”, afirmó el director jurídico. Este argumento se alinea con lo expuesto por diputados de oposición en días anteriores, quienes advirtieron que el proyecto requería una mayoría calificada de 38 votos por esta misma razón.

El impacto en la seguridad y los servicios

Más allá del aspecto procedimental, el Poder Judicial argumenta que las normas aprobadas tendrán un impacto directo en la operatividad de la institución. Campos fue enfático al señalar que estas disposiciones afectarán de forma grave el servicio que se presta a la población, especialmente en dos áreas críticas: la lucha contra la delincuencia organizada y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Los argumentos centrales de la consulta del Poder Judicial

Puntos expuestos por el director jurídico, Rodrigo Campos

Eje Argumento
Vicios de procedimiento Falta de consulta previa a la Corte Suprema durante la formulación del presupuesto, como lo exige la Constitución.
Afectación al servicio Impacto grave y deliberado en la prestación de servicios a la población.
Lucha contra el crimen Incidencia gravísima en la lucha contra la delincuencia organizada.
Población vulnerable Afectación a los servicios que se brindan a los sectores más necesitados de la población.

Fuente: Declaraciones del director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, 23 de octubre de 2026.

La acción del Poder Judicial se produce en un contexto de fuerte tensión con el Poder Ejecutivo y el oficialismo legislativo. La semana pasada, la diputada María Eugenia Román denunció que las normas de ejecución le permiten a la Asamblea Legislativa retener ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial para tecnología del OIJ, la Defensa Pública, el programa de víctimas y testigos, los tribunales en sedes regionales y la Morgue Judicial. Con la consulta presentada ante la Sala IV, el futuro de estas disposiciones queda en suspenso hasta que los magistrados constitucionales resuelvan el asunto.

Nota de la redacción: Las opiniones, señalamientos, argumentos y datos expuestos en esta nota corresponden exclusivamente al Poder Judicial, a través de su director jurídico, Rodrigo Campos. Esta redacción se limita a reportar la presentación de la consulta de constitucionalidad y los argumentos jurídicos de la institución, sin que ello represente un pronunciamiento editorial de STAY TV sobre la validez de las normas presupuestarias o la disputa política entre los poderes del Estado.

Con información para STAY TV: STAY TV

 

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Diego Molina
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