FEES: Diputaciones presentan consulta de inconstitucionalidad ante la Sala IV por recorte de ₡8.048 millones en presupuesto 2027.
FEES: Frente Amplio acude a Sala IV por recorte de ₡8.048 millones
La disputa por el financiamiento de la educación superior en Costa Rica ha escalado hasta el ámbito constitucional. Varias diputaciones han presentado una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional (Sala IV) en contra del recorte de más de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una medida incluida en el proyecto de presupuesto ordinario del año 2027 (expediente 25.754). De acuerdo con los legisladores firmantes, esta reducción violenta los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
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El origen de la disputa se remonta al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 en el seno de la Comisión de Enlace, integrada por el Poder Ejecutivo (Ministerios de Educación, Hacienda, Micitt y Mideplan), las cinco universidades estatales y las federaciones estudiantiles. En ese convenio, el Gobierno reconoció una deuda con la educación superior correspondiente a los años 2020 y 2021 (en el contexto de la pandemia) y se comprometió a saldarla en ocho tractos anuales. El recorte actual corresponde precisamente al segundo de estos tractos.
La moción 16 y el recorte
Según exponen los diputados en su consulta, la fracción de gobierno presentó la moción número 16 durante el trámite en comisión, la cual redujo esos recursos destinados a la educación superior estatal. Ante esta acción, las diputaciones decidieron acudir a la Sala IV argumentando que la rebaja del pago de los recursos a las universidades públicas es “absolutamente inconstitucional”.
El conflicto en cifras
Datos clave del recorte al FEES en el presupuesto 2027
Más de ₡8.048 millones
Fuente: Comunicado de la Fracción del Frente Amplio, 27 de octubre de 2026.
Los tres argumentos de la inconstitucionalidad
La consulta presentada ante la Sala IV se fundamenta en tres pilares jurídicos principales que, según los legisladores, demuestran la ilegalidad de la medida aprobada por las diputaciones de gobierno.
Argumentos de la consulta de constitucionalidad
Razones expuestas por las diputaciones firmantes
| Argumento | Explicación |
|---|---|
| Naturaleza de los recursos | Se trata de recursos postergados (2020-2021) que conservan todas las garantías constitucionales del financiamiento de la educación superior universitaria. |
| Competencia del legislador | La Asamblea Legislativa no tiene competencia para modificar lo pactado entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Solo podría intervenir en caso de diferendo, situación que no ocurre. |
| Indisponibilidad de los fondos | Los recursos del FEES no pueden ser disminuidos ni destinados a otros fines. El artículo 85 constitucional es claro: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejores que las sustituyan”. |
Fuente: Documento “Inconstitucionales de recortes a la educación superior”, 27 de octubre de 2026.
El precedente jurisprudencial
El texto de la consulta también hace referencia a que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que resuelve en los términos indicados. Por ello, los legisladores concluyen que el recorte de los recursos postergados de 2020-2021, destinados al financiamiento de la educación superior estatal y aprobado durante el trámite en comisión, es “absolutamente inconstitucional”.
La presentación de esta acción deja el futuro del presupuesto 2027 y del financiamiento universitario en manos de los magistrados de la Sala IV, quienes deberán determinar si la Asamblea Legislativa excedió sus competencias al aplicar la moción 16 y si con ello se vulneró el mandato constitucional de proteger las rentas del FEES.
Nota de la redacción: Las opiniones, señalamientos, argumentos jurídicos y datos expuestos en esta nota corresponden exclusivamente a las diputaciones firmantes del Frente Amplio (2026-2030). Esta redacción se limita a reportar la presentación de la consulta de constitucionalidad y los fundamentos expuestos por los legisladores, sin que ello represente un pronunciamiento editorial de STAY TV sobre la validez de las normas presupuestarias o la disputa política.
Con información para STAY TV: STAY TV
