Concesión de Ruta 27: el Estado deberá pagar $470 millones a Globalvia en 2033, según Federico Villalobos. Diputados citan a Solís y Acosta.
Concesión de Ruta 27: Costa Rica deberá pagar $470 millones a Globalvia al vencer el contrato en 2033
El Estado costarricense deberá pagar aproximadamente $470 millones a la concesionaria Globalvia cuando finalice el contrato de la Ruta 27, en 2033, debido a una modificación contractual acordada en 2015. Así lo advirtió el consultor financiero Federico Villalobos Carballo durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el jueves 29 de octubre.
La cifra no corresponde a un incumplimiento de la empresa, sino a una cláusula que obliga al Estado a reconocer el saldo pendiente de un monto que, por diseño, se vuelve más difícil de amortizar con el paso del tiempo. El cálculo, según Villalobos, se deriva de la conversión de los ingresos por peajes a dólares del año 2000, utilizando una tasa de descuento que reduce progresivamente el valor de lo recaudado.
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Concesión: el acuerdo de 2015 que transformó el contrato original
El contrato original de la concesión, firmado en 2000, establecía que la empresa debía recaudar $258 millones en valores del año 2000 para completar el proyecto. En 2015, durante la administración de Luis Guillermo Solís, se firmó un acuerdo conciliatorio que añadió $43 millones adicionales, elevando la meta a $301 millones. Ese mismo acuerdo introdujo una condición clave: si al finalizar el plazo en 2033 no se había amortizado la totalidad de los $43 millones adicionales, el Estado debía pagar la diferencia.
Evolución del monto a amortizar en la concesión de Ruta 27
Cifras en millones de dólares del año 2000
Contrato original (2000)
$258
Adición acuerdo 2015
+$43
Meta total actualizada
$301
Fuente: Exposición de Federico Villalobos ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, 29 de octubre de 2026.
La proyección de Villalobos indica que para 2033 la empresa habrá recaudado cerca de $288 millones, dejando un saldo de aproximadamente $13 millones en dólares del año 2000. Sin embargo, al aplicar la tasa de descuento establecida en el contrato, esos $13 millones se convierten en los $470 millones que el Estado deberá desembolsar. “El contrato lo que dice es que si llegamos al 2033 y no hemos pagado los $43 millones, lo que falte hay que pagarlo después de que se termine el plazo”, explicó el especialista.
El mecanismo que erosiona la amortización: valor presente de ingresos
El contrato de la Ruta 27 utiliza un mecanismo llamado valor presente de ingresos (VPI), que convierte la recaudación de peajes a dólares del año 2000 para determinar cuánto se amortiza del monto establecido. Este cálculo incorpora una tasa de descuento que reduce el valor de los ingresos a medida que pasa el tiempo. El resultado es una paradoja financiera: cuanto más recauda la empresa en términos nominales, menor es la proporción que se abona a la deuda original.
Porcentaje de los ingresos por peajes que se abona al VPI
Evolución y proyección
| Año | Proporción de ingresos que amortiza |
|---|---|
| 2010 | 61% |
| 2025 | 7% |
| 2032 (proyección) | 3% |
Fuente: Federico Villalobos, con base en datos del contrato de concesión y proyecciones de ingresos, octubre de 2026.
La Ruta 27 recauda actualmente alrededor de $100 millones anuales en peajes, equivalentes a unos ¢45.000 millones. Sin embargo, solo una fracción mínima de ese monto se contabiliza como amortización del VPI. Villalobos señaló que esta es una “anormalidad” en contratos de este tipo: la regla general es que la concesión termina cuando se alcanza el monto de ingresos o el plazo máximo, lo que ocurra primero, sin que el Estado quede endeudado.
La resolución 62-2021: la otra deuda de Autopistas del Sol
Durante su comparecencia, a Villalobos también se le consultó sobre la resolución 62-2021 de la Sala Primera, que confirmó una condena contra Autopistas del Sol por ₡2.528 millones. El fallo, dictado originalmente en 2021 y ratificado en firme en setiembre de 2026, declaró el incumplimiento contractual de la empresa en el diseño y construcción de la radial Escazú-Hatillo-Calle Morenos, cuyos taludes colapsaron meses después de su apertura en 2009.
El consultor respondió que no conocía los detalles técnicos de esa resolución, pero aprovechó para vincular el caso con su argumento central: “Todas estas extensiones, en caso de un valor presente de ingresos que nos lleve a un escenario de pago adicional, deben estar atadas al desempeño, como ocurre en otros países”. Villalobos subrayó que en otras latitudes los pagos al final de una concesión existen, pero están condicionados al cumplimiento de indicadores de rendimiento, no a un saldo contable.
Las comparecencias que vienen: Solís, Acosta y Mora
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó por unanimidad convocar al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) para que explique las actuaciones de su gobierno en relación con el acuerdo conciliatorio de 2015. También se citó a Marta Acosta, quien fungía como contralora general en ese momento, y a Jorge Mora Gutiérrez, exsecretario técnico interino del Consejo Nacional de Concesiones.
Solís confirmó en redes sociales que acatará la convocatoria: “Tal y como ha sido mi permanente conducta, acataré respetuosamente esta obligación de rendición de cuentas”. La investigación legislativa sobre la concesión de la Ruta 27 tiene un plazo de dos años, hasta julio de 2028, y busca aclarar los alcances del contrato y las condiciones que llevaron a la obligación de pago de $470 millones.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha descartado ampliar el plazo de la concesión más allá de 2033. El ministro Efraím Zeledón explicó que la ampliación de la carretera se financiará con recursos públicos, con una inversión aproximada de $300 millones para el tramo crítico entre Escazú y Atenas, sin aumentar los peajes. Sin embargo, esa decisión no exime al Estado del pago de los $470 millones al finalizar el contrato.
Nota de la redacción: Las opiniones, señalamientos, argumentos y datos expuestos en esta nota corresponden exclusivamente a Federico Villalobos Carballo, consultor en evaluación financiera de infraestructura, según su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del 29 de octubre de 2026, y a los documentos oficiales citados. Esta redacción se limita a reportar sus declaraciones y argumentos, sin que ello represente un pronunciamiento editorial de STAY TV.
