El gobierno costarricense reiteró hoy la urgencia de fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos y el alto gasto tributario, problemas identificados como dos de los mayores retos fiscales de la nación. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el incumplimiento en el pago de tributos representa un 5,7% del PIB (¢2.200 millones, cifras 2021), mientras que el gasto tributario por exoneraciones y tratamientos preferenciales llegó al 4,3% del PIB (más de ¢2.000 millones en 2023).
A pesar de que la Administración ha intensificado esfuerzos administrativos, presentando 306 denuncias ante el Ministerio Público y proponiendo diversas iniciativas de ley para fortalecer la fiscalización, la respuesta desde el ámbito legislativo y judicial no ha tenido la celeridad esperada. De las cinco iniciativas legales presentadas desde 2023 para dotar de mejores herramientas a la Administración Tributaria, solo una—relativa a la regularización tributaria—ha sido aprobada; dos fueron archivadas y dos más siguen en discusión.
Lentitud en resoluciones judiciales limita avances
La falta de rapidez en la resolución de expedientes es otro obstáculo destacado. De 120 denuncias presentadas por Tributación entre 2001 y marzo del 2025, solo 24 permanecen activas, mientras que 39 fueron sobreseídas y 34 desestimadas, algunas con años de antigüedad. De los 306 expedientes presentados ante la Fiscalía en esta Administración, apenas ocho han sido resueltos, todos con sobreseimiento. Esto, según el Ministerio de Hacienda, dificulta enviar señales claras y concretas contra la elusión y evasión fiscal.
Personas físicas con actividad lucrativa, en su mayoría profesionales liberales, son las que más incumplen, con un 87% de evasión respecto al impuesto estimado. Le siguen las personas jurídicas en renta (46%), el IVA (41%) y el impuesto sobre la renta al salario (14%). En materia administrativa, la Dirección General de Tributación ha detectado ¢187.312 millones adeudados en 908 casos actualmente en cobro.
Preocupación por nuevas exoneraciones y control del gasto tributario
Respecto al alto gasto tributario, Hacienda alerta sobre el riesgo de nuevas exoneraciones: 24 proyectos legislativos buscan ampliar los beneficios fiscales, lo que podría debilitar los avances logrados en materia de control. Entre 2022 y 2024, los controles administrativos permitieron determinar ¢1.085 millones en 63 casos por uso inadecuado de exenciones, que están en proceso de cobro.
El informe más reciente de Hacienda señala una reducción del gasto tributario del 4,63% al 4,30% del PIB entre 2022 y 2023, lo que evidencia una gestión más eficiente de exenciones, deducciones y tarifas reducidas. Sin embargo, la propuesta de Ley 23.763, cuyo objetivo era eliminar exoneraciones regresivas, de impacto ambiental negativo o en desuso, no contó con el respaldo suficiente en la Asamblea Legislativa.
Desde el Ejecutivo se recalca el llamado a todos los actores sociales y políticos a asumir su parte de responsabilidad. El ministro Nogui Acosta Jaén subraya: “Seguimos redoblando esfuerzos con las armas que tenemos para enfrentar a los evasores de impuestos. Pero cualquier acción será insuficiente si, lejos de contar con nuevas herramientas legales y resolución de denuncias penales, cada vez son más las iniciativas de ley para crear exoneraciones, y cada vez son más los expedientes de denuncias pendientes de resolución.”
Resumen de puntos clave:
| Tema | Situación actual | Retos principales |
|---|---|---|
| Evasión fiscal | 5,7% del PIB (¢2.200 millones, 2021) | Lento avance legislativo y judicial |
| Gasto tributario | 4,3% del PIB (¢2.000 millones, 2023) | Nuevas exoneraciones propuestas |
| Iniciativas legales | 1 aprobada, 2 archivadas, 2 en discusión | Apoyo legislativo insuficiente |
| Resolución casos | Lenta, muchas denuncias sobreseídas o desestimadas | Celeridad y seguimiento judicial |
En síntesis: El gobierno de Costa Rica insiste en que la eficacia en el combate a la evasión y el control del gasto tributario pasa necesariamente por contar con reformas legales pendientes y una mayor eficiencia en la resolución de los procesos penales relacionados con asuntos tributarios.
