Golfito, Zona Sur.
Una nueva acción de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), culminó con el decomiso de cuatro gallos de pelea y dos gallinas que eran transportados ilegalmente desde Panamá hacia Costa Rica, en una práctica asociada a las peleas de gallos, prohibidas en el país desde hace más de un siglo.
El operativo fue ejecutado por oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto de control de Kilómetro 35, quienes detectaron el cargamento durante una inspección en calle La Gamba, ruta alterna frecuentemente utilizada para evadir controles migratorios y fitosanitarios en la zona fronteriza con Panamá.
Detalles del decomiso:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Lugar del hallazgo | Calle La Gamba, Golfito, Zona Sur |
| Puesto de control cercano | Kilómetro 35 |
| Persona implicada | Costarricense de apellido Carvajal |
| Origen del cargamento | Frontera sur con Panamá |
| Animales decomisados | 4 gallos de pelea y 2 gallinas |
| Condición de los animales | Plumaje de pecho y muslos rasurado; crestas mutiladas |
| Contenedor del traslado | Cajas de cartón con inscripción “PANAMÁ” |
| Institución receptora del caso | Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) |
Implicaciones legales y sanitarias
Las peleas de gallos están tipificadas como delito en la legislación costarricense y son consideradas actos de crueldad animal, según lo establece la Ley de Bienestar Animal. Esta normativa prohíbe la organización, participación y fomento de espectáculos que impliquen maltrato animal, imponiendo multas severas y otras sanciones a quienes violen dicha disposición.
Adicionalmente, el trasiego ilegal de aves representa un riesgo para la salud animal del país, ya que puede introducir enfermedades aviares que amenazan tanto la biodiversidad local como la industria avícola nacional, generando posibles consecuencias sanitarias y económicas de gran escala.
Las autoridades reiteraron que mantendrán controles estrictos y patrullajes constantes en la región fronteriza sur para impedir el ingreso de animales en condiciones irregulares y evitar que se perpetúen prácticas prohibidas que atenten contra el bienestar animal y la normativa nacional.
