CORTE PLENA SOLICITA A LA ASAMBLEA LEVANTAR INMUNIDAD DEL MINISTRO GERALD CAMPOS Y ÉSTE RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE PARA ENFRENTAR PROCESO

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San José, 1° de julio de 2025

La Corte Plena aprobó este lunes solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, para que enfrente un proceso penal en su contra. La decisión fue tomada tras una sesión en la que los magistrados resolvieron acoger la solicitud del Ministerio Público relacionada con un caso que involucra al jerarca en supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Sin embargo, de forma casi inmediata, Campos presentó ante los diputados una carta en la que comunica su decisión de renunciar voluntariamente a su inmunidad, con el propósito de someterse al proceso judicial sin dilaciones institucionales. De acuerdo con declaraciones entregadas por su despacho, Campos busca “dar el ejemplo de que ningún jerarca está por encima de la ley” y afirmó que enfrentará las acusaciones con plena disposición de colaborar con la justicia.

La solicitud del levantamiento de inmunidad se da en el marco de una causa penal relacionada con decisiones administrativas tomadas por el ministro en el ejercicio de sus funciones, las cuales, según el Ministerio Público, podrían constituir delito. La causa es conocida por el expediente 23-000332-0033-PE, y ha generado atención tanto en el ámbito judicial como político.

Ahora corresponderá a la Asamblea Legislativa acoger o no la renuncia del ministro y eventualmente levantar la inmunidad. La presidencia del Congreso ya confirmó haber recibido la comunicación y convocará a la Comisión de Gobierno y Administración para su respectivo análisis.

Mientras tanto, Gerald Campos se mantiene en su cargo como ministro de Justicia y Paz. El Poder Ejecutivo no se ha referido oficialmente sobre si esto implicará una separación temporal de funciones o alguna medida preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

Esta es la primera vez en más de una década que un ministro en funciones enfrenta un proceso formal por hechos relacionados con presunto abuso de poder en decisiones administrativas.

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