San José, 2 de julio de 2025. Las resoluciones emitidas recientemente por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por presunta beligerancia política, han provocado un fuerte reclamo desde Casa Presidencial, el cual plantea dudas sobre la fundamentación y claridad jurídica de las medidas adoptadas.
Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, las resoluciones del TSE “dejan más dudas que respuestas claras”. En mensajes difundidos este miércoles, se insiste en que el Presidente nunca pidió el voto para ningún partido político ni mencionó agrupaciones específicas durante sus discursos públicos. El señalamiento directo es hacia una supuesta “mordaza” institucional que estaría limitando la posibilidad del mandatario de rendir cuentas sobre su gestión.
“Yo no les voy a decir por quién votar ni por quién deben votar ustedes”, asegura el Presidente en uno de los mensajes difundidos, aludiendo a que sus intervenciones han sido genéricas y no contienen llamados a votar por personas candidatas o partidos registrados.
Las críticas se extienden al fondo de la resolución. Se afirma que el TSE no ha presentado pruebas del uso de recursos públicos en beneficio de una agrupación política, ni tampoco evidencia de una plataforma política específica favorecida. Incluso se cuestiona directamente a la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, por la falta de claridad en la argumentación jurídica y probatoria.
Desde el Ejecutivo también se detallan una serie de interrogantes que fueron remitidas por la Presidencia al Tribunal y que, según Casa Presidencial, siguen sin respuesta. Entre ellas:
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¿Qué agrupación política se vio beneficiada?
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¿Qué norma impide que el Presidente hable de su gestión sin mencionar candidatos?
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¿Cómo se mide la supuesta “intensidad” o el “hilo conductor emotivo” de los discursos presidenciales?
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¿Existe algún estudio o encuesta que demuestre afectación a la libre determinación del voto?
Según el pronunciamiento oficial, la resolución del TSE se basa en una interpretación subjetiva de elementos no medibles, como el “carácter influyente del orador” o la emocionalidad del discurso.
“Una vez más lo que tenemos es un mensaje genérico, herramientas inexistentes y una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones sin pruebas ni explicaciones”, sostiene el comunicado. Para el Ejecutivo, este fallo no solo debilita la libertad de expresión del Presidente, sino que también entorpece los esfuerzos institucionales por incentivar la participación electoral, especialmente de cara a las elecciones del 1.º de febrero de 2026.
A pesar de los señalamientos, el Gobierno reitera que no se ha incurrido en beligerancia política, ya que en ningún momento se ha instado al voto a favor de una opción específica ni se ha identificado a una agrupación en particular.
El TSE, por su parte, ha reiterado que su competencia se basa en garantizar la equidad del proceso electoral, y que vigilará el cumplimiento estricto de la neutralidad política por parte de los jerarcas del Ejecutivo en el marco del proceso comicial en marcha.
En tanto, desde Zapote se hace un llamado a los ciudadanos para que no falten a las urnas, sin que esto —según insisten— constituya beligerancia política. «Acaso no quieren bajar el abstencionismo», se pregunta en los mensajes, en lo que algunos analistas interpretan como una crítica indirecta al propio Tribunal.
La controversia entre el Ejecutivo y el TSE plantea nuevas tensiones en medio de un año electoral, y eleva el debate sobre los límites de la libertad de expresión institucional en tiempos de comicios.
