La Cruz y Sarapiquí. Oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron a cuatro sujetos en dos operativos distintos realizados este domingo en cantones fronterizos, tras sorprenderlos en aparentes actividades de cacería ilegal dentro o cerca de áreas protegidas.
Caso en La Cruz: delatados por sus propios perros
En la localidad de El Verdum, cantón de La Cruz en Guanacaste, dos hombres fueron sorprendidos en un bosque cercano al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, luego de ser delatados por los ladridos de sus propios perros.
Los oficiales patrullaban la zona cuando detectaron a los sospechosos armados; uno de ellos llevaba el rostro cubierto con pasamontañas. Ambos intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron interceptados rápidamente.
Uno de los detenidos, de apellido Bermúdez y de nacionalidad nicaragüense, portaba una escopeta calibre 20 cargada, además de cuatro cartuchos adicionales, un machete, lámpara y pasamontañas. El segundo sujeto, un costarricense apellidado Oporta, portaba una escopeta calibre 16, también cargada, junto a cuatro municiones, un machete y una lámpara.
Ninguno presentó documentación de las armas, por lo que la Fiscalía de Upala ordenó su aprehensión y decomiso del equipo.
Caso en Sarapiquí: carne de guatusa y tepezcuintle
En otro hecho, en el distrito de Llanuras del Gaspar, Sarapiquí, dos nicaragüenses residentes, apellidados Valle y Torres, fueron detenidos con restos de animales silvestres.
Valle transportaba carne de guatusa dentro de un bolso, junto a dos proyectiles calibre 22, mientras que Torres llevaba un tepezcuintle destazado.
Ambos fueron interceptados durante un control de carretera en el cruce entre El Gaspar y La Aldea, y puestos a la orden de la Fiscalía de Sarapiquí bajo sospecha de cacería ilegal.
Cacería prohibida desde 2012
La caza de animales silvestres está prohibida en Costa Rica desde 2012, lo que convierte al país en el primero de América Latina en adoptar esta medida. Quienes violen esta ley se exponen a penas de prisión de hasta cuatro meses y multas millonarias.
En ambos casos, la Policía de Fronteras informó de lo ocurrido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y procedió a la destrucción de los restos de los animales para evitar su comercialización.
