En respuesta a los «desafortunados comentarios» de la ministra de Salud sobre el trámite de varias contrataciones, la Contraloría General de la República emitió hoy una contundente declaración, subrayando que las demoras no son atribuibles a su gestión, sino a la falta de planificación y a decisiones inoportunas por parte del propio ministerio.
La Contraloría fue enfática en recordar que «Costa Rica es un estado de derecho y cumplir la ley no es una opción, es una obligación». La institución aclaró que los procesos de compra pública están regulados por ley para garantizar el uso correcto de los fondos de todos los costarricenses, y que tanto las instituciones como los oferentes están sujetos a actuar conforme a dicha ley.
En su declaración, se explicó que los oferentes tienen derecho a cuestionar las decisiones de contratación pública, lo que genera plazos que deben ser debidamente planificados por la institución solicitante para asegurar el éxito del resultado. «Los atrasos fueron por la falta de planificación y decisiones oportunas que corren siempre a cargo de la institución pública», señala el comunicado.
Como ejemplo de la falta de celeridad del ministerio, la Contraloría detalló los siguientes plazos de decisión:
| Caso de Contratación | Tiempo de Decisión por Parte del Ministerio de Salud |
|---|---|
| Compra de Computadoras | 11 meses para adjudicar a una empresa |
| Compra de Vehículos | 5 meses para adjudicar |
La Contraloría también refutó la idea de que impidiera la ejecución de recursos en el año fiscal correspondiente, recordando que los concursos en cuestión iniciaron entre septiembre y noviembre de 2024. Este cronograma, según la entidad, conllevaba «un alto riesgo en no ser ejecutados en ese año, tal como sucedió», calificando como «falso que los atrasos sean atribuibles a la contraloría».
Finalmente, el comunicado aclaró un punto sobre la estructura interna: este tipo de decisiones de contratación son adoptadas por la División de Contratación Pública, un órgano en el que la Contralora General de la República no participa. Por esta razón, se calificó como «gratuita la mención de la contralora en las declaraciones dadas hoy».
