San José, Costa Rica — A pesar del discurso oficial sobre sostenibilidad y transición energética, el acceso a la energía solar en Costa Rica continúa enfrentando importantes obstáculos regulatorios. El más reciente punto de controversia: la propuesta de una nueva metodología tarifaria que mantiene vigente el denominado “impuesto al sol”, desincentivando a quienes desean producir su propia electricidad mediante paneles solares.
El pasado 23 de agosto, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) recibió formalmente una propuesta para modificar la manera en que se cobra la tarifa de acceso a la red eléctrica nacional. Aunque se cambia el cálculo —ya no basado en el consumo total sino en la energía generada—, la tarifa sigue aplicándose, lo que ha generado preocupación en el sector privado.
Según ARESEP, esta medida responde a lo establecido en la Ley 10.086, en vigor desde diciembre de 2021, la cual busca fomentar el uso de fuentes renovables. No obstante, empresarios y usuarios han señalado que este tipo de cargos contradicen el espíritu de la ley, pues penalizan a quienes invierten en tecnologías limpias.
El argumento de la institución reguladora es que, al permanecer conectados a la red eléctrica, los usuarios solares deben contribuir a los costos de mantenimiento del sistema. “Eliminar la tarifa de acceso sería, en la práctica, un subsidio a estos usuarios, quienes seguirían teniendo acceso a la red en caso de necesidad”, indicó un vocero de ARESEP.
Desde el sector energético privado, la respuesta ha sido contundente. “No se trata de pedir subsidios, sino de crear condiciones justas para que las personas puedan generar su propia energía sin ser castigadas por ello”, expresó Mauricio Pacheco, representante de una empresa de soluciones solares en Guanacaste. “Este impuesto desalienta la inversión y retrasa la transición energética que tanto se promueve en el papel.”
Actualmente, solo una fracción de los hogares y empresas en Costa Rica cuentan con instalaciones fotovoltaicas. Organizaciones ambientalistas y cámaras empresariales han reiterado que la política tarifaria vigente actúa como barrera, limitando el crecimiento del sector y contraviniendo los compromisos ambientales del país.
Con esta propuesta en evaluación, ARESEP abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el acceso a la energía renovable. Mientras tanto, el “impuesto al sol” continúa siendo una piedra en el zapato para quienes apuestan por un modelo energético descentralizado y sustentable.
Se espera que la Junta Directiva de ARESEP se pronuncie oficialmente sobre la propuesta en las próximas semanas. Por ahora, la incertidumbre regulatoria sigue generando dudas entre inversionistas y usuarios comprometidos con el futuro energético de Costa Rica.
