Washington D.C. — El gobierno de Estados Unidos está considerando implementar nuevas restricciones de visas para ciudadanos de más de 40 países, como parte de una revisión de sus políticas migratorias centrada en la seguridad nacional. La medida surge en medio de crecientes preocupaciones sobre el mal uso de los programas de viaje sin visa y la necesidad de fortalecer los procesos de verificación a los visitantes extranjeros.
Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el objetivo principal sería aumentar los controles de seguridad ante amenazas potenciales y asegurar que los sistemas actuales de autorización de ingreso al país no presenten vulnerabilidades. Aunque aún no se han anunciado restricciones específicas ni una lista definitiva de países afectados, se analiza una combinación de criterios, entre ellos el cumplimiento de normas migratorias, la cooperación en materia de seguridad y el historial de deportaciones.
“Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger nuestras fronteras y garantizar que quienes ingresan al país no representen riesgos para nuestra seguridad”, dijo un portavoz del DHS bajo condición de anonimato, argumentando que se trata de una iniciativa en etapas preliminares. “Estamos revisando parámetros como el porcentaje de personas que se quedan más allá del tiempo permitido por su visa, los procesos de verificación de identidad, y la cooperación internacional en cuanto a antecedentes criminales”.
Entre los países que podrían verse afectados se encuentran varias naciones de África, Asia y América Latina, aunque no se ha proporcionado un desglose oficial. La mayoría están fuera del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), el cual permite a ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visado.
Las posibles restricciones podrían incluir desde la reducción en la duración de las visas hasta la exigencia de procesos adicionales, como entrevistas consulares más rigurosas y la presentación de información biométrica. También se contempla limitar las visas para ciertos grupos de solicitantes que pertenecen a perfiles considerados de alto riesgo.
Grupos defensores de los derechos migratorios han reaccionado con preocupación a estos anuncios preliminares. “Este tipo de decisiones generalizadas pueden tener un impacto desproporcionado en ciudadanos que buscan viajes por motivos legítimos”, señaló Mariela Sánchez, asesora legal del Centro de Derechos de Inmigrantes en Nueva York. “Lo importante es garantizar la seguridad sin caer en medidas que podrían considerarse discriminatorias”.
A nivel diplomático, varios gobiernos ya han expresado interés en dialogar con autoridades estadounidenses para entender mejor los posibles cambios. Fuentes dentro del Departamento de Estado señalaron que los países afectados serán notificados formalmente si las nuevas políticas avanzan hacia su implementación.
Esta medida sucede en un contexto en el que Washington ha intensificado sus mecanismos de control fronterizo y evaluación migratoria, tras varios años de flujos migratorios inestables y amenazas globales persistentes. En los últimos cinco años, los informes del DHS han señalado un aumento en los llamados “overstays” —visitantes que permanecen más allá del tiempo permitido por su visa—, lo que ha derivado en cambios normativos.
A medida que avanza la revisión, se espera que el gobierno publique recomendaciones en los próximos meses. Entre tanto, viajeros e industrias relacionadas con el turismo y negocios internacionales observan con atención estos posibles desarrollos, dado su potencial impacto en la movilidad global y las relaciones bilaterales.
