San José — La reciente decisión de Laura Fernández, candidata presidencial por el Partido Pueblo Soberano, de someterse a una prueba de polígrafo con el fin de demostrar que no tiene vínculos con el crimen organizado ni el narcotráfico, ha generado diversas reacciones entre sus contendientes políticos.
El documento que certifica los resultados de la prueba fue divulgado este viernes por la tarde por su equipo de campaña, como medida para reforzar su compromiso con la transparencia. Según el comunicado, la candidata se sometió voluntariamente al detector de mentiras para ‘claramente desmentir especulaciones malintencionadas’ y disipar cualquier duda sobre su integridad.
Ante este anuncio, otros candidatos reaccionaron de formas variadas. Rodrigo Campos, representante del Partido Progreso Social, afirmó que “cada candidato tiene el derecho de escoger cómo demostrar su transparencia, pero la verdadera rendición de cuentas se da mediante propuestas claras y coherentes, no con aparatos de dudosa fiabilidad científica”.
Por su parte, Mariana Solís, aspirante por el Frente Verde Ciudadano, dijo que si bien valora el gesto de Fernández, considera que “los electores deben guiarse por el historial público, los votos emitidos y la trayectoria política de cada figura”. Solís añadió que no planea someterse a una prueba similar porque su hoja de vida es pública y comprobable.
En contraste, Andrés Rivas, del Movimiento Justicia Popular, elogió la acción de Fernández calificándola como “un acto valiente y necesario en tiempos donde la ciudadanía exige mayor claridad moral”. Rivas aseguró que está considerando hacer lo mismo, “como muestra de coherencia ética con mi campaña”.
Algunos analistas políticos han señalado que esta estrategia podría ser efectiva para establecer una diferencia en la percepción del electorado, especialmente en un contexto donde los casos de corrupción y presuntos vínculos de figuras públicas con redes criminales han afectado la confianza ciudadana.
Sin embargo, especialistas en derecho y ciencias forenses advierten que las pruebas de polígrafo no tienen validez legal en Costa Rica y que su precisión es objeto de debate en la comunidad científica. “Este tipo de pruebas tienen un valor simbólico más que jurídico; son más útiles como herramientas internas de recursos humanos que como pruebas en procesos judiciales o políticos”, explicó la abogada penalista Alejandra Mora.
La campaña de Laura Fernández no indicó si solicitará que otros candidatos también se sometan a pruebas similares, pero aseguró que “la ciudadanía merece políticos comprometidos con la verdad y sin nada que ocultar”. Entretanto, el debate sobre la eficacia, conveniencia y necesidad de este tipo de acciones continúa generando conversación en redes sociales y foros ciudadanos.
La próxima semana se espera el segundo debate presidencial televisivo, en el cual se anticipa que este tema sea abordado por los moderadores o los mismos candidatos.
