San José, Costa Rica — Costa Rica dio un paso importante hacia la regulación del ecosistema cripto con la aprobación en primer debate de un proyecto de ley que busca establecer un marco legal claro para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs, por sus siglas en inglés), con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.837, fue presentada originalmente durante la administración del expresidente Carlos Alvarado Quesada, y propone reformas sustanciales a la Ley N.° 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos, incluyendo la adición del artículo 15 quater, que introduce una arquitectura regulatoria especializada para el sector cripto.
De acuerdo con el texto aprobado, todos los VASPs que operen en el país deberán registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), entidad que asumirá el rol de supervisión bajo un enfoque basado en riesgos. El objetivo principal es asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
“Este proyecto no busca prohibir ni limitar el uso de activos virtuales”, aclaró un vocero del Ministerio de Hacienda. “Más bien, procura dotar al país de herramientas para controlar posibles abusos y dar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los operadores del sector.”
Cabe destacar que el registro ante SUGEF no implica autorización para operar como institución financiera, sino que tiene fines de supervisión y cumplimiento normativo. Es decir, se trata de un mecanismo para garantizar que las plataformas cripto se mantengan dentro de los márgenes legales, sin convertirse en canales para actividades ilícitas.
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de criptomonedas y tecnologías blockchain, particularmente en sectores como turismo, comercio electrónico y servicios financieros. No obstante, la ausencia de regulación específica ha generado incertidumbre tanto para emprendedores como para inversionistas.
Con este avance legislativo, el país busca alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que insta a los Estados a regular los VASPs y aplicar medidas estrictas de debida diligencia.
Expertos en derecho financiero y tecnología destacan que, si bien esta ley representa un paso en la dirección correcta, será clave mantener un equilibrio entre regulación y fomento a la innovación. “Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un hub tecnológico confiable si se logra implementar este marco con transparencia y criterios técnicos”, señaló Natalia Monge, especialista en regulación financiera.
Se espera que el proyecto sea sometido a segundo debate en las próximas semanas. De ser aprobado en forma definitiva, marcaría un antes y un después en la gobernanza de los activos digitales en el país.
