Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Brasil este fin de semana para manifestarse contra la reciente imposición de aranceles a productos importados por parte del Gobierno, medida impulsada por la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las protestas, que abarcaron urbes como São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre, estuvieron marcadas por marchas, discursos de líderes sindicales y escenas simbólicas como la quema de una efigie del expresidente estadounidense Donald Trump.
La jornada de manifestaciones fue organizada en gran parte por asociaciones sindicales y colectivos ligados a la industria manufacturera, quienes consideran que los nuevos aranceles encarecerán insumos clave para la producción nacional, afectando así la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Si bien el gobierno ha defendido la medida como una estrategia para proteger a sectores vulnerables frente a la competencia externa, los manifestantes señalan que el impacto real será una pérdida de empleos y un aumento en los costos de vida.
Las protestas comenzaron el viernes por la tarde y se extendieron hasta el domingo. En São Paulo, la avenida Paulista —epicentro habitual de manifestaciones políticas— se vio colmada por una multitud portando pancartas con lemas como “Brasil no puede encerrarse” y “Aranceles no son progreso”. En uno de los eventos más llamativos, manifestantes quemaron una figura de cartón representando a Trump, gesto simbólico que, según los organizadores, ilustraba el rechazo a políticas nacionalistas y proteccionistas que asocian con el exmandatario estadounidense.
El contexto de estas medidas arancelarias se inscribe en un momento de desaceleración económica en Brasil. El Ministerio de Economía anunció el mes pasado un paquete de reformas para fomentar la sustitución de importaciones con el fin de reactivar la industria nacional. Entre estas políticas figura la imposición de nuevos gravámenes a productos electrónicos, maquinaria pesada y textiles provenientes de Asia y Europa.
Autoridades gubernamentales aseguran que el objetivo es impulsar la producción interna y reducir la dependencia de insumos extranjeros, en línea con una estrategia económica de reindustrialización. Sin embargo, economistas advierten que, en el corto plazo, estas políticas pueden generar inflación y tensiones en la cadena de suministros. “Si bien el proteccionismo puede parecer una solución sencilla frente a la competencia externa, sus consecuencias suelen ser negativas para el consumidor final”, explicó la analista económica Silvia Martines, de la Fundación Getúlio Vargas.
El movimiento también ha generado reacciones en el plano internacional. Representantes de la Unión Europea expresaron su preocupación por lo que consideran una violación a los acuerdos comerciales vigentes, mientras que algunos países asiáticos como China y Corea del Sur evalúan recurrir a la Organización Mundial del Comercio para impugnar las nuevas tarifas.
A nivel interno, las protestas han elevado la presión sobre el Gobierno, que enfrenta críticas no solo desde la oposición política, sino también desde sectores tradicionalmente aliados como los sindicatos y líderes comunitarios. Algunos analistas consideran que este puede ser un momento clave para la administración Lula, que busca equilibrar los compromisos sociales con una política económica nacionalista.
Por ahora, el Gobierno no ha dado señales de dar marcha atrás en las medidas, pero ha anunciado la próxima convocatoria de una mesa de diálogo con empresarios y representantes gremiales. Mientras tanto, el descontento ciudadano crece, y nuevos actos de protesta ya están convocados para las próximas semanas.
