Ucrania expone grave caso de corrupción en compra de drones militares tras recuperar control de sus agencias anticorrupción

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Ucrania revela importante esquema de corrupción en adquisición de drones militares

Kiev — Las autoridades ucranianas han desvelado un caso significativo de corrupción relacionado con la compra de drones para el ejército, en un momento crucial en la lucha contra la invasión rusa y tras haber retomado la dirección efectiva de sus principales agencias anticorrupción. Este hallazgo refuerza el compromiso del país de combatir el uso indebido de fondos estatales, especialmente en el contexto bélico y bajo la mirada atenta de socios internacionales que financian parte del esfuerzo de defensa.

Según lo informado por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAPO), altos funcionarios del Ministerio de Defensa se habrían confabulado para aprobar contratos sobrevalorados para la adquisición de sistemas aéreos no tripulados, comprometiendo millones de dólares del presupuesto estatal.

La investigación, iniciada en 2023 pero acelerada este año tras cambios en la dirección de las agencias anticorrupción, identificó irregularidades en un contrato de más de 30 millones de dólares firmado en 2022. Se alega que el proveedor seleccionado carecía de la experiencia técnica y logística necesaria para cumplir con la entrega de los equipos, y que los precios de los drones fueron inflados deliberadamente con la presunta complicidad de funcionarios públicos.

Funcionarios de la NABU indicaron que al menos cinco personas están bajo investigación formal, incluyendo a empleados actuales y anteriores del Ministerio de Defensa, así como empresarios ligados a empresas privadas con vínculos contractuales con el Estado. Durante los registros realizados en domicilios y oficinas, las autoridades incautaron equipos informáticos, documentación y dispositivos de comunicación que servirán para reconstruir las decisiones y comunicaciones clave.

Este caso llega en un momento en que Ucrania ha recuperado el control operativo de sus instituciones anticorrupción, tras meses de reformas impulsadas con apoyo de la Unión Europea y otros aliados internacionales. El presidente Volodímir Zelenski ha reiterado su compromiso con la transparencia gubernamental como pilar para el ingreso del país en organismos occidentales, incluido su proceso de adhesión a la UE.

Transparencia Internacional ha respaldado las recientes iniciativas del gobierno ucraniano, calificando el fortalecimiento institucional como un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana y asegurar el uso adecuado de los recursos, en particular los provenientes de la ayuda internacional. “Casos como este muestran que las herramientas legales y de fiscalización están funcionando nuevamente”, comentó Iryna Shulha, vocera en Ucrania de la organización.

En un comunicado emitido el miércoles, el Ministerio de Defensa aseguró estar cooperando plenamente con la investigación y prometió implementar mecanismos internos adicionales para prevenir nuevos incidentes. “Queremos enviar un mensaje claro: quien abusa de sus funciones en tiempos de guerra será llevado ante la justicia sin importar su cargo o influencia”, indicó el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

Los expertos consideran que la exposición de este caso podría tener consecuencias directas en la evaluación de los países donantes respecto al envío futuro de ayuda militar. También podría reforzar la presión interna sobre la administración Zelenski para aplicar reformas más profundas en los procedimientos de contratación durante el estado de guerra.

La sociedad civil ha reaccionado con atención al desarrollo del caso, viendo en él un examen clave de la voluntad política del gobierno para erradicar la corrupción. A medida que se revelen más detalles, tanto ciudadanos como observadores internacionales seguirán de cerca las decisiones judiciales y el trato que recibirán los implicados.

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