El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostuvo este jueves que no existen pruebas que vinculen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cartel de Sinaloa, y subrayó que su gobierno no ha encontrado indicios que respalden esa hipótesis.
En su conferencia matutina, López Obrador dijo que las autoridades mexicanas no han recibido ni manejan evidencia que relacione al mandatario venezolano con actividades del cártel sinaloense. El mandatario reiteró la postura oficial de no intervención en asuntos de otros países y la necesidad de basar las acusaciones en pruebas concretas antes de emitir juicios o tomar medidas diplomáticas.
La declaración ocurre en un contexto regional marcado por tensiones entre distintos gobiernos latinoamericanos y acusaciones cruzadas sobre vínculos entre políticos y organizaciones criminales. En los últimos años, distintas investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos y otros países han puesto en el centro a los grandes cárteles mexicanos, mientras que algunas denuncias públicas han insinuado la posible colaboración de actores políticos de América Latina con redes de narcotráfico, sin que siempre se presenten pruebas concluyentes.
López Obrador enfatizó que México no actuará con base en especulaciones y que cualquier señalamiento debe sustentarse en investigaciones oficiales. Asimismo, afirmó que las autoridades mexicanas están dispuestas a cooperar con investigaciones internacionales cuando existan requerimientos formales y pruebas que lo justifiquen, respetando los procedimientos judiciales y la soberanía de los países involucrados.
Especialistas en seguridad consultados en otras ocasiones advierten que las conexiones entre estructuras criminales y actores políticos suelen ser complejas y difíciles de probar, y que las imputaciones sin sustento pueden tensar relaciones diplomáticas y afectar la cooperación regional en materia de seguridad.
La ausencia de pruebas que señalen a Maduro como vinculado al Cartel de Sinaloa podría aliviar, al menos momentáneamente, la presión diplomática entre México y Venezuela. Sin embargo, la situación mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales que vigilan el flujo de drogas, armas y capitales ilícitos en la región.
Para las autoridades mexicanas, el reto sigue siendo fortalecer las capacidades de investigación y judicialización de delitos vinculados al narcotráfico, así como profundizar la colaboración internacional para desmantelar las estructuras criminales sin que las acusaciones públicas sustituyan a las pruebas judiciales.
Analistas señalan que la claridad en los procesos y la transparencia serán clave si surgen nuevas denuncias. Mientras tanto, el gobierno de México apuesta por la prudencia diplomática y por evitar señalamientos que no estén respaldados por evidencia, en un escenario regional donde la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación sostenida y respeto a los marcos legales.
