La reciente clausura de un supermercado de origen chino en San José, donde el 80% de los productos inspeccionados incumplía la normativa sanitaria, no es un hecho aislado. Por el contrario, se trata de la manifestación más visible de un problema que lleva años gestándose en silencio: la persistente falta de apego a las leyes costarricenses por parte de ciertos comercios, en especial dentro del sector de supermercados de origen asiático.
La ausencia de etiquetas en español, los registros sanitarios vencidos y la información imprecisa sobre el contenido de los productos no son simples “errores administrativos”; son fallas graves que comprometen directamente el derecho de la población a conocer lo que consume. En un país donde la seguridad alimentaria ha sido históricamente un pilar de salud pública, tolerar estas prácticas es abrir la puerta a riesgos que pueden ir desde intoxicaciones hasta la pérdida de confianza en todo el sistema de control sanitario.
Es importante subrayar que la responsabilidad es compartida. No se trata de estigmatizar a toda una comunidad, sino de exigir que quienes deciden establecer su negocio en Costa Rica se sometan, sin excusas, a las mismas reglas que cumplen los comerciantes nacionales. La diversidad cultural no puede ser excusa para el incumplimiento legal.
Las autoridades han reconocido que este tipo de irregularidades son recurrentes en múltiples establecimientos de origen chino. Esto obliga a repensar el modelo de fiscalización actual, que muchas veces actúa solo tras denuncias o de forma reactiva. La prevención debe ser la norma, no la excepción.
Urge fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Salud, las municipalidades y la Policía de Control Fiscal, para implementar inspecciones periódicas, sanciones proporcionales a la reincidencia y, sobre todo, la incautación inmediata de productos ilegales o peligrosos. Paralelamente, se debe promover una campaña ciudadana que empodere al consumidor para exigir información clara, en español, y la certeza de que el producto que lleva a su mesa cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad.
La clausura de un supermercado no resolverá el problema de fondo si el resto de los comercios que incurren en las mismas prácticas continúan operando sin cambios. Este caso debe ser un punto de inflexión para que Costa Rica, como país, reafirme su compromiso con la salud de su gente y con la igualdad ante la ley para todos los actores del mercado, sin importar su origen.
