El arresto domiciliario con brazalete fue aprobado por la Asamblea Legislativa para personas condenadas a penas inferiores a cuatro años de prisión. La reforma al artículo 57 bis del Código Penal busca descongestionar el sistema penitenciario costarricense y, al mismo tiempo, garantizar que quienes cometieron delitos menores sean vigilados con tecnología de rastreo electrónico.
Con este mecanismo, los jueces podrán ordenar que los condenados cumplan la sanción en sus casas, siempre bajo monitoreo constante. El brazalete permitirá conocer en tiempo real la ubicación del infractor y asegurará que no reincida mientras cumple la condena.
Contexto del arresto domiciliario con brazalete
Costa Rica enfrenta desde hace años una crisis por sobrepoblación carcelaria. Algunos centros superan el 30% de hacinamiento, situación que ha generado críticas de organismos internacionales. El arresto domiciliario con brazalete surge como una medida alternativa para reducir la presión sobre las cárceles, destinando las celdas a personas con delitos de mayor peligrosidad.
La propuesta también se alinea con tendencias internacionales que buscan equilibrar el cumplimiento de la pena con la eficiencia del sistema judicial. Países de Europa y América Latina ya aplican modelos similares con resultados mixtos, pero con avances en reducción de costos y control penitenciario.
Posturas encontradas sobre la reforma
Los defensores sostienen que el arresto domiciliario con brazalete fortalece el control del Estado, ya que evita fugas y reincidencias, a la vez que permite que los recursos carcelarios se concentren en quienes representan mayor riesgo. Argumentan que la sanción se mantiene, aunque bajo un esquema más humano y menos oneroso para el país.
En contraste, algunos sectores consideran que la medida debilita la percepción de castigo. Temen que la ciudadanía interprete el cumplimiento de la pena en casa como una forma de impunidad y que se genere desconfianza hacia el sistema judicial.
Análisis del impacto judicial sobre arresto domiciliario con brazalete
El éxito de esta ley dependerá de varios factores: la capacidad del Ministerio de Justicia para dar mantenimiento a los brazaletes, la infraestructura tecnológica para monitorear en tiempo real y el compromiso de jueces y fiscales en supervisar las condiciones impuestas.
Especialistas en derecho penal destacan que la reforma no elimina la pena, sino que cambia el lugar de cumplimiento. El arresto domiciliario con brazalete seguirá siendo una sanción, pero permitirá un modelo más racional de uso de las cárceles, con beneficios tanto en derechos humanos como en seguridad pública.
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La aprobación de esta ley abre la puerta a un cambio estructural en la justicia costarricense. El debate, sin embargo, continúa: ¿fortalecerá realmente la seguridad y la confianza en el sistema, o se percibirá como un beneficio excesivo para quienes han delinquido? La implementación marcará la diferencia en la percepción ciudadana.
Fuente: Asamblea Legislativa de Costa Rica
