El presidente Rodrigo Chaves Robles se presentó ante la comisión legislativa encargada de analizar la solicitud de levantamiento de su inmunidad. Durante su intervención, desacreditó al testigo de la corona, Cristian Bulgarelli, a quien calificó de “show político, mentiras y montaje”, y rechazó de plano los señalamientos del fiscal general Carlo Díaz. El caso gira en torno a un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la presunta comisión del delito de concusión.
Chaves niega delitos y ataca al “Estado profundo”
El mandatario afirmó que nunca ordenó la entrega de dinero y sostuvo que el caso responde a un intento del “Estado profundo” por engañar al pueblo. “Es lógicamente imposible que yo haya cometido concusión, lo cual no podrán demostrar”, aseguró. Chaves señaló que el proceso busca dañar su imagen y proteger redes de poder enquistadas en la institucionalidad.
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Debate legislativo por el fuero presidencial
La presidenta de la comisión, la liberacionista Andrea Álvarez, defendió que el análisis debe centrarse en aspectos jurídicos y en el contenido del expediente. Desde el Frente Amplio, la diputada Rocío Alfaro preguntó al Presidente si valoraría renunciar a su fuero como un gesto político, propuesta que Chaves no acogió.
Por su parte, Daniel Vargas Quiroz, representante de la bancada oficialista, consideró que el interrogatorio debe enfocarse en el expediente judicial y no en cuestionar decisiones de gobierno. Insistió en la necesidad de mantener imparcialidad y evaluar únicamente las pruebas presentadas.
Próximas comparecencias y pasos del proceso
El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien al momento de los hechos era jefe de despacho presidencial, deberá comparecer el próximo martes para rendir su descargo. Posteriormente, la comisión emitirá un informe al plenario legislativo, que decidirá si procede o no levantar la inmunidad tanto al mandatario como a Rodríguez.
El caso se convierte en una de las pruebas políticas y jurídicas más relevantes de la actual administración, en un contexto donde se cruzan tensiones institucionales y acusaciones directas contra magistrados y fiscales.
Fuente: Comisión Legislativa sobre inmunidad presidencial, 22 de agosto de 2025.
